Una víctima de torturas del franquismo declaró este viernes ante un juez español, por primera vez, en una causa abierta por torturas durante la dictadura de Francisco Franco, un hito en la historia de España, ya que nunca antes un tribunal de ese país había recibido querellas por crímenes de lesa humanidad.
"La primera vez que un juez te hace caso y te oye, significa que puede haber más (querellas admitidas) y que podemos obtener por fin justicia, yo tengo esa esperanza", manifestó la víctima, Julio Pacheco Yepes, al salir del tribunal de Madrid.
Para todas las víctimas significa "empezar ya a romper el muro de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo", agregó, visiblemente emocionado, consignó la agencia de noticias AFP.
Pacheco Yepes testificó durante una hora ante una jueza en un tribunal en Madrid, el primero que admitió a trámite una querella de este tipo.
Hasta ahora, pese a los pedidos de Naciones Unidas, la Justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura (1939-1975), que alegaba la prescripción de delitos y, sobre todo, la Ley de Amnistía de 1977, que perdonó los delitos de los opositores políticos pero también de los miembros de la fuerza pública.
Al salir del tribunal de Madrid, tras prestar testimonios, Pacheco Yepes y su esposa Rosa María García Alcón, quien declaró como testigo, recibieron aplausos y gritos de "reparación, verdad, justicia" de una treintena de personas que les mostraron su apoyo.
En mayo pasado, la jueza Ana María Iguácel admitió a trámite la querella al constatar "la posible existencia" de "crímenes de lesa humanidad y torturas", según la carátula de la causa.
Ahora, la jueza debe tomar declaración a los acusados y entonces decidir si abre juicio o archiva el caso.
Este viernes , en la audiencia, estuvo presente una fiscal de la flamante Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, describió el abogado de Pacheco Yepes, Jacinto Lara.
Esta institución fue creada por la Ley de Memoria Democrática, una legislación insignia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo, aprobada en octubre de 2022.
Miembro de una organización estudiantil antifranquista, Pacheco Yepes tenía 19 años cuando fue arrestado por la Policía Secreta en agosto de 1975, apenas tres meses antes del fallecimiento de Franco.
Fue llevado a la temida Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, donde fue torturado durante días, según su testimonio, para luego ser encarcelado bajo acusación de terrorismo.
Pacheco Yepes presentó en febrero pasado la querella contra sus cuatro torturadores, uno de ellos José Manuel Villarejo, implicado en numerosos escándalos relacionados con la élite económica y política y condenado en junio pasado a 19 años de cárcel por espionaje.
Las organizaciones de víctimas del franquismo esperan que el caso de Pacheco Yepes signifique "un cambio de criterio definitivo" en la Justicia "tras 6 años de lucha en los juzgados españoles y 100 querellas presentadas" anteriormente sin ningún resultado, precisaron en un reciente comunicado.
Hasta ahora, la Ley de Amnistía de 1977 había sido un muro infranqueable.
El conocido juez Baltasar Garzón llegó a ser procesado, y finalmente absuelto, por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo amnistiados por la ley.
Para decepción de las víctimas, algunos torturadores murieron sin ser procesados, como el policía Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, fallecido en 2020.
Una de las personas que presentó una querella contra Billy el Niño fue la esposa de Pacheco Yepes, quien fue detenida también en 1975, pero un tribunal la descartó.
García Alcón, de 66 años, declaró este viernes en calidad de testigo, ya que como parte de las torturas, a Pacheco Yepes le mostraron cómo era torturada la mujer.
Ante los obstáculos judiciales en España, las asociaciones de víctimas recurrieron a la Argentina, donde la magistrada María Servini de Cubría invocó el principio de justicia universal para iniciar una investigación en 2010, todavía abierta, por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista.
En 2014, la Justicia española negó la extradición solicitada por Servini de Cubría de una veintena de antiguos ministros, jueces y policías del régimen por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Ft télam
