Para mayo del año que viene la gestión considera que puede reemplazar a la mayoría existente en al máximo tribunal. Tres nuevos ministros con acuerdo legislativo, uno de ellos estrenando la nueva vocalía, sumado a Daniel Erbetta revertirán la hegemonía de dos décadas del trío Spuller, Gutiérrez y Falistocco. La constitucionalidad de la emergencia previsional y la legalidad de los procesos penales con una Cámara afín al Gobierno, los temas a defender.
La gestión de Pullaro ya hace cuentas: si llega un recurso extraordinario a la Corte por la constitucionalidad de la ley de emergencia previsional será durante la composición de un nuevo tribunal. Ya tiene en el borrador a dos mujeres y a un hombre del peronismo para esos lugares, y piensa enviar los pliegos a principios del año que viene a la Legislatura, donde tiene mayoría. En tres semanas, el bloque Unidos impondrá en Diputados y en el Senado el proyecto redactado por el Socialismo para reformar el Poder Judicial. Incluye una vocalía más (lleva a siete miembros el tribunal) y un par de polémicos artículos, como la creación de Personal de Gabinete, una expresión que algunos creen que esconde detrás una futura bolsa de trabajo militante en la Justicia. Dan por hecho en Casa Gris que “Daniel”, por Erbetta, “votará con nosotros”. Así, todo lo que está en la órbita del Poder Judicial, El Servicio Público de la Defensa y el MPA jugarán en tándem para la gestión. La oposición, flemática hasta ahora y sin argumentos en muchos casos, sólo aspira a registrar en la historia una disidencia parlamentaria, pero ni siquiera eso aún está asegurado.
Medias mentiras
La página web de la provincia reflejó este martes una reunión institucional entre los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de Economía, Pablo Olivares, junto al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, con la titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich. “Ichi” fue a la reunión con el secretario general del MPA Leandro Maiarota (un ex funcionario de la gestión de Hermes Binner y Antonio Bonfatti en el área de Administración dentro del ministerio de Justicia, al que llegó de la mano de Guillermo Rabazzi, quien se sumó al Gobierno del Frente Progresista en la Caja de Jubilaciones. Luego tuvo un paso por el Consejo de la Magistratura) que accedió al cargo mediante una enmienda a la ley que creó el MPA: su cargo ya no necesita concurso, basta con una resolución interna de la Fiscal General para su designación. La exigencia es controversial: la presentación de un plan de trabajo. Menos mérito y más discrecionalidad, a contramano de la declamada reforma en el sistema.
Tras la reunión, el ministro Bastía aseguró que fue una reunión “muy valiosa” y se abordaron distintos temas “vinculados a los trabajadores” sobre lo cual puntualizó en los retroactivos adeudados en el Poder Judicial, “que tiene que ver con lo que hemos dicho en muchas oportunidades sobre un manejo discrecional, desajustado y de una manera ligera del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo que se quedaran sin fondos”. Por ese motivo, el ministro de Gobierno anunció que el Ejecutivo va a enviar partidas para que puedan afrontar ese compromiso: “Vamos a pagar los retroactivos, se van a transferir los fondos que correspondan”, sentenció. Difícil de entender, ya que el Poder Judicial no ejecuta la pauta salarial que se reclama gremialmente con paros, como no ocurría hace 30 años.
Otro de los temas abordados – sigue la versión oficial -durante el encuentro fueron “ingresos pendientes en el MPA y en el Poder Judicial, porque está claro que el conjunto de los trabajadores judiciales tienen el mismo tratamiento. Y también, con lo relativo a concursos y ascensos automáticos (sic), lo que hay que revisar y ver situaciones con particularidad, atentos son distintas las circunstancias de cada uno de ellos, y también hay promociones que son automáticas y otras que son por ascensos”. Asimismo, Bastía remarcó que “valoramos mucho el trabajo llevado adelante por el MPA desde el inicio de la gestión. Vemos un gran compromiso, los resultados están a la vista. La eficiencia en el manejo no solo de los recursos económicos sino de los recursos humanos; los resultados obtenidos y la persecución contra el crimen, lo que ha derramado en mayor seguridad para los santafesinos”. Todos entendieron que la presencia allí de “Ichi” era de colaboración y encuadre con la gestión provincial. El déficit en la comunicación gubernamental sólo pudo opacar la gran muñeca de quien la ideó. Para el hombre de a pie, abrumado por otros menesteres, todos quieren el bien de la Justicia, menos los cortesanos que resisten. Alguien debería gastar un mínimo de energías en contar que el presupuesto del MPA y del Poder Judicial vierte del mismo grifo. No hay autonomía financiera. Si la reunión servía para habilitar un flujo de dinero para el MPA, va de suyo que también lo era para el Poder Judicial. La Secretaria de Gobierno de la Corte respondió desbordaba – seguro a pedido de Rafael Gutiérrez- y sin muchos argumentos, enfatizando la falsedad de la noticia.
Cuestión de amigos y parientes
La semana pasada, el ministro Bastía participó del acto de jura de los nuevos ministros de la Cámara de Ejecución Penal, concurso – que como se contó aquí- fue más que polémico por la no ocultada ayuda a dos de los tres jueces elegidos por parte del Poder Ejecutivo para superar las “adversidades” del camino: pasaron de estar bochados, a estar en carrera de un plumazo.
Ése mismo día, un asamblea de empleados judiciales en el hall repudiaba la presencia de Bastía y de Pablo Cococcioni. El ministro de Gobierno atravesó el primer piso, descendió por las escaleras y allí fue vituperado. Ya en la calle, frente a los medios, le preguntaron por la idea del Gobierno de avanzar sobre una nueva composición y la resistencia cortesana. Ahí, en estado de gran emotividad lanzó: “…Gutiérrez “ingresó porque era primo y amigo de (Carlos) Reutemann”, Spuler “ingresó porque era el abogado de Reutemann” y Falistocco “se encargó de la ley de lemas. ¿Se acuerdan todo lo que se dijo de la ley de lemas? Bueno, ese fue el premio para el cortesano”. Todas verdades. Pero con sus bemoles. Nadie replicó allí – tal vez la urgencia del mano a mano callejero lo impidió – que en todos los casos esos pliegos fueron votados por el apoyo que tuvo el reutemanismo en la Legislatura del oficialismo radical, representado por Horacio Usandizaga. Muchos de esos correligionarios que votaron los acuerdos hoy están en la gestión. Mejor no mirar mucho por el espejo retrovisor. En 20 años, el Lole y el ex intendente de Rosario se dividieron la Provincia y se distribuyeron los cargos de organismos de control y de la Justicia sin ruborizarse, punteando a mano alzada para quién iba el Enress, o la Defensoría del Pueblo, o aquel juez comunal. Si se va un poco más hacia el pasado, la ley de Lemas también tuvo, luego de sancionada, un apoyo radical. En un “mano a mano” en las urnas, el Vasco Usandizaga ganaba, pero el Lole se llevaba el triunfo por la ley de Lemas, que acumulaba los sufragios a favor del partido mediante la compulsa de varios candidatos. Así gobernó el ex corredor de Fórmula 1. En ese escenario acuerdista, muy pocos advertían que la promiscuidad política llevaría a la crisis institucional en algún momento, uno de ellos fue Carlos Favario, del PDP y Alicia Tate, del radicalismo disidente al sector “amarillo” del Vasco. A principios de los años 90 Víctor Reviglio advirtió que la cooperativa peronista perdía el vigor y le encomendó a Falistocco –entonces Secretario de enlace con la Legislatura – que active el proyecto de Ley de Lemas. Pasan los años y se recuerda ése proceso con mayor opacidad. Los diputados poroteaban sus apoyos en la Casa Gris y no en las reuniones de Comisiones. Hubo muchas denuncias por corrupción y venta de voluntades en distintas especies, desde cargos en la administración, hasta “atenciones” especiales. Todo quedó en la declamación. Tal vez Bastía puede traer un poco de luz sobre el caso cuando declara “Todos sabemos lo significó la Ley de Lemas”.
Hacer la Corte
Uno de los argumentos centrales de la renovación del Superior Tribunal se ancla en la Constitución provincial y las clausulas a las que echaron mano la mayoría de los jueces para atornillarse en el sillón. Ahí, en esa discusión poco importa si la Corte se da de bruces con la Constitución. A excepción de Jorge Barraguirre (padre), en la historia del Tribunal Supremo, todos sus integrantes buscaron la hendija para perpetuarse. El Poder no se detenta, se ejerce. Después se verá “el detalle” de la norma que le pone límites.
Una Corte previsible le dará al Gobierno de Pullaro la suma del poder público: control legislativo en ambas cámaras, control operativo y funcional en el MPA –el Servicio Público de la Defensa no se ha expedido institucionalmente pero no desentona- y resta la cabeza del Poder Judicial. Hay más de un ejemplo práctico, teorizado luego, que da cuenta que la hegemonía, puede devenir en la idea de dominación. Y de allí a la violencia hay un solo paso.
En los años del New Deal, en los Estados Unidos se llevó adelante una avanzada sobre la Corte que se estudia hasta hoy. El riesgo de parangonear ese proceso con otros radica en la enorme particularidad del contexto: el país derrumbado por la crisis financiera producto de la caída de los activos de la Bolsa. Entre 1933 y 1945 gobernó EEUU el presidente Franklin Roosevelt. Heredó la crisis y levantó al país con un modelo heterodoxo. La depresión había derribado la producción y el empleo, alterando los precios y las relaciones humanas. Roosevelt tuvo que levantar al país saneando el sistema financiero, evitando más ajustes y coordinando estatalmente los vínculos entre los sistemas de producción y los trabajadores. La Corte conservadora se opuso y el Presidente encaró un proceso polémico: elaboró un proyecto legal para incrementar el número de jueces en el Tribunal Superior con el objetivo de lograr consenso judicial al proyecto intervencionista. Como los magistrados no se retiraban, Roosevelt no esperó las vacantes, propuso agregar un juez en cada caso que los que estaban en condiciones de retirarse no lo hubieran hecho. “El Presidente podía nombrar un juez adicional por cada juez del Tribunal Supremo que, alcanzados los setenta años, no renunciase a su puesto. Teniendo en cuenta que en ese momento eran seis los jueces que superaban dicha edad39, de aprobarse la propuesta Roosevelt tendría en su mano designar seis nuevos jueces para el Tribunal Supremo. Aun cuando las previsiones que afectaban al máximo órgano judicial eran las más relevantes y las que plantearon mayor controversia pública, la iniciativa no limitaba sus previsiones al Tribunal Supremo, pues contemplaba la creación de nuevos puestos en los niveles inferiores de la pirámide judicial que permitirían también a Roosevelt designar a cincuenta jueces en los diversos distritos y circuitos judiciales” (*)
La Corte conservadora le respondió con munición gruesa. El “New Deal” tuvo una primera parte candente, el Tribunal Superior volteo las leyes de recuperación industrial y de protección de la actividad agraria. La administración quería levantar el consumo y salir de la deflación, evitar el desperdicio de alimentos y fomentar el empleo, que incluía la sindicalización. La respuesta de Roosevelt fue a través de dos leyes en 1935. La famosa Ley Wagner, que activaba los convenios colectivos de trabajo y la modernización del sistema de seguridad social.
El profesor y escritor Mario Rapoport escribió: “…el 5 de febrero (de 1937), en el Congreso, el Presidente pidió que se le permitiera agregar un juez más por cada uno (hasta seis) que se resistiera a jubilarse. Dos días después, Roosevelt recibió una carta del prestigioso juez Félix Frankfurter. Profesor de leyes de Harvard y perteneciente al ala progresista del New Deal, Frankfurter era uno de los principales consejeros del presidente sobre asuntos legales y ya lo había asesorado cuando aquél fue gobernador de New York. La carta decía: “De manera dramática (…) me has provocado un shock. Pero más allá de eso (…) el momentum de seguir apelando a la razón (para convencerlos de rever) una larga serie de decisiones no defendibles ni justificables según los principios establecidos en la Constitución me han convencido, como te han convencido a ti, de que deben encontrarse los medios para salvar a la Constitución de la Corte, y a la Corte de sí misma. Ningún estudiante desinteresado de nuestro sistema constitucional y de las necesidades de nuestra sociedad podría ver con complacencia el impasse creado por una mayoría ciega y testaruda en la Corte”. Pocos días después, en una nueva carta, Frankfurter escribía: “Se le ha enseñado a la gente a creer que cuando la Corte Suprema se pronuncia, es la Constitución y no la misma Corte la que habla, siendo que, por supuesto, en muchos asuntos esenciales, es esta la que se pronuncia, y no la Constitución«. Finalmente, la presión del presidente dio resultado y las Leyes de Seguridad Social y de Relaciones de Trabajo (Ley Wagner) fueron declaradas constitucionales en abril y mayo de 1937.
Hoy, en Santa Fe. ¿Quién salva a la Constitución de la Corte y del Gobierno?. ¿Y, a estos dos de sí mismos?
Autor: Héctor Martín Galiano (contacto@zonacriticaonline.com)
*Pérez Alonso, J. (2023). Entre Roosevelt y Biden: ¿aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo y limitar su tiempo de servicio activo? Revista de Administración Pública, 220, 295-320
