La nueva Constitución provincial introduce cambios sustanciales en el Poder Judicial, un aspecto clave de la reforma. El Juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Jorge Baclini analizó las modificaciones y explicó que, a partir de ahora, comenzará a cambiar la dinámica interna en la selección de personal y la organización de la Justicia.
Según Baclini, hay cuatro puntos fundamentales que se modificaron. El más destacado es la consagración del Ministerio Público —integrado por fiscales y defensores— como un órgano extrapoder, con independencia, autonomía y autarquía financiera. “Es algo importantísimo por lo que se reclamaba hace tiempo”, afirmó.
Nuevas reglas para elegir jueces
Otro de los grandes cambios es la creación de un Consejo Asesor para la selección de jueces, fiscales y defensores, similar a un Consejo de la Magistratura. Hasta ahora, Santa Fe era la única provincia que regulaba este proceso por decreto. “Ahora ha quedado constitucionalizado, es un punto muy importante”, señaló Baclini.
Este consejo estará integrado por tres órganos técnicos: jueces, abogados y representantes de las universidades. Si bien Baclini manifestó que hubiesen preferido que su ámbito administrativo dependiera del Poder Judicial y no del Ejecutivo, valoró positivamente su creación.
Autonomía funcional y administrativa
Consultado sobre el significado de la autonomía para los fiscales, el convencional explicó que tiene dos facetas. La “funcional” permite al Ministerio Público definir su propia organización para la persecución del delito, como crear unidades fiscales especializadas en homicidios o violencia de género.
La autonomía “administrativa”, por su parte, les otorga la facultad de seleccionar a sus propios empleados y funcionarios, un proceso que, según adelantó, comenzará a implementarse progresivamente.
Cambios en el jury de enjuiciamiento
Finalmente, se modificó el tribunal de remoción para jueces, fiscales y defensores. El nuevo jury de enjuiciamiento estará integrado por 11 miembros: seis representantes políticos (tres diputados y tres senadores) y cinco técnicos. Para Baclini, esto representa un “gran avance”, especialmente para fiscales y defensores, cuya remoción antes dependía exclusivamente de la Legislatura.
