El Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de un inmueble decomisado en la ciudad de Rosario en el marco de una causa judicial por enriquecimiento ilícito.
La propiedad está ubicada sobre calle Lavalle, en la zona oeste rosarina, y había sido vinculada al excomisario Osvaldo Raúl Bejarán, cuya condena quedó firme tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El procedimiento incluyó el desalojo de las personas que residían en el lugar y un relevamiento completo de la vivienda, donde se realizó un inventario del mobiliario y otros elementos presentes en el inmueble.
Según informaron desde la Provincia, durante la inspección también fue hallada un arma de fuego, cuya situación legal será evaluada por la Justicia para determinar si corresponde su secuestro y si el portador contaba con autorización para su tenencia.
Las pertenencias personales de los ocupantes fueron retiradas antes de que se concretara el cambio de cerraduras y la toma formal de posesión por parte del Estado provincial.
Un inmueble ligado a una causa de corrupción policial
La vivienda decomisada formó parte de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra el excomisario rosarino Osvaldo Raúl Bejarán, quien se desempeñó en áreas vinculadas a la lucha contra el juego clandestino.
La pesquisa determinó un crecimiento patrimonial considerado incompatible con sus ingresos como funcionario policial. Entre los bienes investigados figuraban propiedades, vehículos y una licencia de taxi.
En 2026, la Corte Suprema dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes relacionados con la causa.
Destino de los bienes decomisados
Desde la Aprad indicaron que el inmueble recuperado podría ser destinado a remate, aunque previamente se analizará si puede ser reutilizado por algún organismo estatal.
Según detallaron fuentes oficiales, otras propiedades decomisadas en causas penales fueron destinadas en los últimos meses a áreas vinculadas a Salud Mental y al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Con este procedimiento, ya son 16 los inmuebles recuperados por el Estado provincial desde el inicio de la actual gestión, en el marco de políticas orientadas a la administración de bienes provenientes de delitos complejos y hechos de corrupción.
