La Justicia provincial ordenó este viernes la demolición de “La Casona”, un inmueble ubicado sobre calle Zavalla al 1700, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, señalado como un punto de venta de drogas y escenario de reiterados hechos de violencia.
La resolución fue adoptada por el juez penal Sergio Carraro en el marco de una audiencia de “cese de estado antijurídico”, impulsada por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.
Durante la audiencia, el fiscal Arturo Haidar sostuvo que el inmueble funcionaba como “soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo” y solicitó su “inactivación física” mediante demolición.
La vivienda, situada en la esquina de Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, se encontraba usurpada desde hacía más de una década. Según expuso la Fiscalía, la investigación se inició tras una denuncia anónima al 911 realizada en marzo de este año, en la que se alertaba sobre la existencia de un “mercado abierto de estupefacientes” en el lugar.
Posteriormente, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizó tareas de vigilancia y observación directa, detectando un movimiento constante de personas. A ello se sumaron registros de cámaras de videovigilancia que, según la acusación, mostraban maniobras compatibles con comercialización y consumo de drogas, incluso con presencia de menores de edad.
Uno de los puntos clave de la causa fue el allanamiento realizado el pasado 9 de mayo. Durante el operativo se secuestraron cerca de 40 gramos de cocaína, 84 gramos de marihuana, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. Tras el procedimiento, tres mujeres fueron imputadas por tenencia de drogas con fines de comercialización y quedaron en prisión preventiva.
En paralelo, la audiencia abordó la compleja situación dominial del inmueble, que se encuentra bajo trámite sucesorio. Los herederos manifestaron haber iniciado acciones judiciales por la usurpación del predio.
Además de la actividad delictiva, las autoridades advirtieron sobre el grave deterioro estructural del edificio. Claudio Ponce de León, asesor técnico del Ministerio de Seguridad, señaló que el inmueble representaba un riesgo tanto para posibles ocupantes como para transeúntes debido al desprendimiento de mampostería y al avanzado estado de abandono.
El especialista recomendó una “demolición controlada” y consideró inviable una eventual recuperación edilicia por los elevados costos de reconstrucción.
Al momento de resolver, Carraro coincidió con los argumentos planteados por las partes y afirmó que “la medida es necesaria” por el estado de riesgo del lugar. “El derribo es lo adecuado y así lo habremos de ordenar”, sostuvo el magistrado.
Finalmente, el juez dispuso que antes de concretar la demolición se informe oficialmente la modalidad y fecha del operativo, y ordenó verificar previamente que no haya personas dentro del inmueble.
