La Justicia ordenó la demolición de una vivienda ubicada en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe que funcionaba como un búnker de drogas. El operativo se hará efectivo el próximo viernes a partir de las 8. La medida fue autorizada por el juez Sergio Carraro, tras un pedido del fiscal Arturo Haidar en el marco de una causa por microtráfico de drogas.
Un aguantadero con historial delictivo
La propiedad, situada en la intersección de las calles Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla, se encontraba usurpada desde hace por lo menos diez años. Durante este período, el lugar se transformó en un aguantadero y refugio para personas vinculadas a diversas actividades delictivas en la capital provincial.
Según datos del Ministerio de Seguridad, entre agosto de 2025 y mayo de 2026 se registraron un total de 642 cartas de incidencias policiales por hechos ocurridos en el domicilio o en sus inmediaciones. Los vecinos de esta zona de Santa Fe habían manifestado reiteradamente su preocupación por los constantes disturbios.
Antecedentes por incendios y trata de personas
El inmueble cuenta con un extenso historial de intervenciones judiciales. En noviembre de 2021, la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe allanó el lugar para detener a tres jóvenes acusados de incendiar seis automóviles en el centro de la ciudad.
Asimismo, en 2023, la Justicia federal intervino en la propiedad por una causa de trata de personas. En dicha oportunidad, se constató que una joven en situación de calle era explotada sexualmente en el lugar por un hombre que terminó condenado a cinco años de prisión.
El último allanamiento por microtráfico
La investigación que derivó en la orden de demolición penal tuvo su punto culminante el pasado 9 de mayo. En esa fecha, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en la vivienda por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico.
Durante el procedimiento, los agentes provinciales secuestraron dosis de cocaína y marihuana fraccionadas para la venta al menudeo, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Este último golpe a la actividad criminal permitió acelerar el pedido de destrucción total de la estructura para evitar nuevas usurpaciones.
