El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe manifestó públicamente su rechazo a distintos aspectos del paquete de leyes sobre seguridad impulsado por el gobierno provincial y enviado recientemente a la Legislatura santafesina.
A través de un comunicado institucional, la entidad cuestionó especialmente el proyecto denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, al considerar que algunas de sus disposiciones resultan incompatibles con principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Entre los principales puntos observados, el Colegio expresó preocupación por la posibilidad de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor. Según señalaron, una medida de esas características podría afectar el derecho de defensa y abrir la puerta a situaciones de arbitrariedad o coerción incompatibles con el Estado de Derecho.
Además, la institución también cuestionó las facultades previstas para los fiscales en determinados casos, particularmente aquellas vinculadas a allanamientos domiciliarios y restricciones de la libertad sin control judicial previo.
Otro de los aspectos criticados fue la incorporación del denominado “procedimiento por decreto fiscal”, mecanismo que —según advirtieron— permitiría impulsar condenas sin la realización de un juicio pleno y con una participación limitada de la defensa técnica.
En el documento, el Colegio reconoció que la seguridad pública constituye una demanda legítima de la sociedad y un objetivo prioritario del Estado, aunque remarcó que las respuestas frente al delito deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y el sistema republicano.
La entidad sostuvo además que el fortalecimiento institucional no puede basarse en mecanismos excepcionales que impliquen un retroceso en materia de garantías individuales y división de poderes.
Por último, el Colegio de Abogados instó a abrir un “debate serio, amplio y responsable” sobre el contenido de los proyectos y se puso a disposición de los poderes públicos para colaborar en la elaboración de herramientas normativas vinculadas a la seguridad, pero respetando los derechos y garantías constitucionales.
