Por Juani Citroni
Para entender la historia que terminó con el juicio y condena del suboficial de la Policía de Santa Fe Guillermo Toledo -junto con otros seis efectivos también condenados en juicios abreviados- hay que remontarse a un episodio ocurrido el 13 de agosto de 2024.
De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales federales María Virginia Sosa, Soledad García, Andrés Montefeltro y Javier Arzubi Calvo, el 13 de agosto de 2024 siete efectivos de la PAT interceptaron una camioneta con dos ocupantes en Jean Jaurès al 5500, Rosario, en las inmediaciones de un supuesto kiosco de venta de drogas. Tras una requisa secuestran un ladrillo de cocaína -aproximadamente un kilo-. No contentos con eso, los efectivos encerraron a los sospechosos en los patrulleros y comenzaron a golpearlos y “picanearlos” para que entregaran el dato de quien era el proveedor de esa cocaína. “Dale, dame el pescado gordo”, repetían los efectivos según la declaración de una de las víctimas, que tras ceder ante los tormentos aportó una dirección: Forest al 5600.
El grupo policial encabezado por Guillermo Toledo, junto con su superior Miguel Aguilar y los suboficiales Jesús Balais, Fernando Ferreira, Iván Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo se dirigieron a una vivienda de Forest al 5600, en barrio Azcuénaga. No tenían orden judicial.
Una vez allí, tocaron timbre –sí, no parece un procedimiento habitual- y les abrió una mujer identificada como Perla R. Entraron. Dentro de la vivienda había cinco personas: Perla R y su pareja Diego I de origen Boliviano, sus hijos de 1 y 8 años, y un amigo de origen peruano identificado como José Luis L.
A partir de ese momento comenzó una secuencia de terror, violencia, amenazas y el armado de una escena. Los ocupantes fueron reducidos, maniatados, golpeados y sometidos a una fuerte presión psicológica y física. Según declaraciones incorporadas al expediente, el nivel de coerción fue extremo, al punto tal que hasta amenazaron con hacerle ingerir cocaína al bebé de apenas un año. Mientras, le pedían que “canten” donde tenían escondida la droga, hasta que finalmente lo lograron.
Siempre según la reconstrucción judicial, mientras mantenían controladas a las personas dentro de la casa, los efectivos encontraron la cantidad de droga, dinero y armamento y comenzaron a consumir cocaína mientras discutían cómo presentar formalmente el procedimiento. Dato no menor, se trataba de cocaína con más del 85% de pureza proveniente de Bolivia -maniobra que hacía el narco Diego I bajo la fachada de ropa boliviana que trasladaba al país-
Una vez finalizado el “festín”, con comida incluida y que duró cerca de tres horas, montaron la escena: Comunicaron a la fiscalía de turno de un procedimiento en flagrancia justificando el allanamiento de morada sin la orden judicial. Labraron un acta de procedimiento y presentaron el resultado del supuesto golpe al microtráfico: 500 gramos de cocaína, 2 armas de fuego, 3 granadas, una balanza y la detención de 3 personas. Con esa versión, el operativo fue presentado incluso a los medios locales, que llegaron al lugar y sin saberlo filmaban a los patrulleros que ya tenían escondidos en sus baúles la mercadería robada.
A partir de allí, con los moradores de la vivienda detenidos y el material supuestamente secuestrado, el Ministerio Público de la Acusación –MPA- comienza la investigación por microtráfico. Pero la banda policial no contaba con un dato importante. Entre los elementos presentados, las tres granadas hicieron suponer a los fiscales provinciales que no estaban ante un caso de venta al menudeo de droga, sino que podría tratarse de una organización mayor y con poder de fuego militar. A los pocos días, el abogado dle narco detenido pide la nulidad de todo el proceso y declara la verdad: se llevaron 15 kilos y 50 mil dólares, no 500 gramos. Es por esto que la Justicia Provincial toma la decisión de girar el expediente a la Justicia Federal. Y Allí comienza otra película.
El verdadero botín
Lo primero que notan los pesquisas federales es que ese mismo domicilio estaba bajo investigación, al igual que sus ocupantes, y que efectivamente tenían altas sospechas de que se trataba de un lugar de acopio de droga y no de un búnker de venta como decía el acta policial.
Y es que, la historia oficial omitía el núcleo real del caso. En realidad en la vivienda habían secuestrado 15 kilos de cocaína, 50.500 dólares, 285.000 pesos y cerca de 20 armas entre Fusiles FAL, Carabinas y armas de guerra. Esos elementos nunca fueron incorporados formalmente sino que los cargaron en los patrulleros y se los robaron para luego repartir el botín.
Ese es el punto que cambia completamente la dimensión del expediente, ya que la acusación ya no describe solamente un allanamiento irregular o un caso de apremios ilegales sino una estructura policial que utilizó un procedimiento oficial como cobertura para cometer delitos gravísimos.
Los teléfonos que complicaron a los policías
Cuando la Justicia Federal avanzó con la investigación, secuestró teléfonos celulares de los efectivos que participaron del operativo. Allí aparecieron elementos que reforzaron las declaraciones de las víctimas sobre lo que verdaderamente había ocurrido, pero además permitieron entender la dimensión total: no era un episodio aislado, sino que se trataba de una banda policial organizada para dar este tipo de “golpes”.
En un grupo de WhatsApp entre policías de la PAT, Guillermo Toledo comparte la foto de una picana eléctrica marca Sabre Red S-1005 -un elemento comúnmente utilizado para defensa personal-.
La secuencia:
Guillermo Toledo:
Comparte la foto y agrega: “Unas ganas de trabajar…”
Jesús Balais:
“Quiero ver la picana en acción.”
Cabe resaltar que esa misma picana luego fue secuestrada en la mochila de trabajo del policía Jesús Balais.
En otro intercambio del mismo grupo, Toledo escribió:
“Jajaja. Cómo lloraba el de la vía” (una referencia que, según la interpretación fiscal, apunta a otro supuesto episodio de tortura con ese mismo dispositivo).
Balais respondió:
“No tiene desperdicio.”
Y Toledo remató:
“Hay que dar otra sesión de masajes eléctricos.”
El audio del descampado
Otro de los elementos incorporados fue un audio hallado en el teléfono de Toledo. En ese mensaje, relata un episodio de extrema violencia:
“Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era.”
Aunque ese audio no describe necesariamente el caso puntual investigado, la fiscalía lo utilizó como evidencia para sostener que no se trataba de un episodio aislado sino de prácticas violentas reiteradas dentro del grupo.
Las consecuencias judiciales: una causa arruinada
Producto del procedimiento de presentado oficialmente los habitantes de la vivienda intrusada Perla R., Diego I. y José Luis L. quedaron imputados y pasaron 45 días en prisión preventiva, hasta que la Justicia declaró la nulidad del operativo por las irregularidades detectadas.
Pero ese dato abre una dimensión todavía más grave del caso ya que al actuar por fuera de la ley —con tormentos, ingreso sin orden judicial, manipulación del procedimiento y robo de evidencia— no solo cometieron delitos gravísimos, sino que además terminaron frustrando una investigación federal en curso sobre esa organización.
En términos prácticos, el procedimiento quedó contaminado, fue declarado nulo y los imputados recuperaron la libertad.
La paradoja judicial es brutal: en el intento de quedarse con droga, dinero y armamento, los propios policías terminaron beneficiando a la estructura criminal.
El destino de la droga y el dinero robado
Según la investigación federal, parte de la cocaína sustraída en la vivienda de calle Forest en Rosario fue puesta nuevamente en circulación para su venta en las ciudades de Santa Fe y San Javier.
De acuerdo con el análisis de los teléfonos secuestrados, Toledo se habría quedado con al menos tres ladrillos de cocaína y discutía cómo venderlos. Su cálculo económico era colocarlos a 7.000 dólares por kilo u 8.000 dólares si se fraccionaban en cantidades menores. La acusación sostiene que Toledo le encargó esta tarea a su pareja Miriam Alejandra Gallegos, y sus dos cuñados Guillermo Jonás Gallegos y Leonardo Manuel Gallegos. Todos imputados.
Posteriormente, en allanamientos vinculados a esa línea investigativa, las fuerzas federales secuestraron material estupefaciente ya fraccionado para venta minorista, reforzando la hipótesis de que la droga robada había vuelto al mercado narco.
También aparecieron conversaciones entre Toledo y su pareja discutiendo qué hacer con el dinero obtenido. Una de las líneas investigadas menciona un intercambio en el que Toledo le indicaba que fuera buscando un auto para comprar en Santa Fe.
Ese dato cambia otra vez la escala del caso. Porque la acusación ya no describe solo policías que habrían robado droga. Describe funcionarios de seguridad que se incorporaron al negocio narco usando como capital inicial la cocaína que ellos mismos sustrajeron en un procedimiento ilegal.
Las condenas
- Guillermo David Toledo — 8 años
- Jesús Ángel Balais — 7 años
- Fernando Nicolás Ferreira — 6 años y 6 meses
- Iván Severino Schneider — 4 años y 6 meses
- Gerardo Sebastián Pérez — 4 años y 6 meses
- Sergio Nicolás Robledo — 3 años y 6 meses
- Miguel Aguilar — 2 años en juicio abreviado
La causa que deja otra discusión abierta
Mientras esta causa expone a policías investigados y condenados por hechos de extrema gravedad, en la legislatura santafesina avanza un proyecto del Ejecutivo para ampliar las facultades operativas de las fuerzas de seguridad: detenciones de hasta 48 horas e interrogatorios policiales sin presencia de abogados, mayor posibilidad de allanar sin previa autorización judicial, zonas especiales para operativos de control con facultades extraordinarias, entre otras.
Este caso, junto con otros tantos similares, sumado a la gran cantidad de jefes policiales condenados por formar parte de bandas narcocriminales deja planteada una pregunta inevitable: ¿Es esta la policía a la que se le pretende habilitar superpoderes?
