El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves la demolición de dos nuevos puntos de venta de drogas en Villa Gobernador Gálvez. Las intervenciones se dieron en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico, una herramienta legislativa clave promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Con estas acciones, la localidad del Gran Rosario ya registra seis búnkeres desactivados bajo esta modalidad, mientras que el departamento Rosario alcanza la alarmante cifra de 80 construcciones tiradas abajo. A escala provincial, el total de inactivaciones asciende a 122 desde que se implementó la norma a comienzos de 2024.
El resultado de 45 días de investigación vecinal
Los derribos de este jueves tuvieron lugar en dos inmuebles estratégicos: uno ubicado en calle Santiago del Estero al 200 y el otro en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Según explicó la fiscal Brenda Debiasi, las tareas de inteligencia se iniciaron hace aproximadamente un mes y medio a partir de recurrentes denuncias de los propios vecinos del barrio.
“Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento, localizar el segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que se vendía droga”, detalló la funcionaria judicial.
La investigación culminó con el despliegue de diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de las requisas, las fuerzas de seguridad lograron incautar material estupefaciente ya fraccionado para su comercialización al menudeo y detuvieron a dos personas: un mayor de edad y un menor que cumplía funciones de “soldadito” custodiando los ingresos.
Estructuras exclusivas para el delito
Al momento de justificar la destrucción total de las edificaciones, las autoridades constataron que los lugares no cumplían ninguna función social ni habitacional. En el caso del inmueble de Camino Monteflores, la fiscal Debiasi precisó que pertenecía a una persona de avanzada edad ya fallecida, que no registraba denuncias por usurpación ni reclamos de herederos.
“Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva. El inmueble estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes”, remarcó la fiscal, defendiendo la demolición como la medida cautelar más efectiva para lograr el cese inmediato del delito.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó el éxito de la metodología y la articulación con los gobiernos locales: “Avanzamos firmemente en la implementación de la ley y es esta modalidad de investigación conjunta la que nos facilita llegar rápido a estos puntos de venta y neutralizar la violencia altamente lesiva en el territorio”.
