En una extensa audiencia celebrada a puertas cerradas en los Tribunales de Santa Fe, la jueza penal Cecilia Labanca dictó la prisión preventiva para Carlos Carlozzi. El abogado y dirigente político permanece bajo investigación tras ser detenido en un exclusivo departamento de la zona portuaria santafesina, acusado de amenazas en contexto de violencia de género y tenencia de estupefacientes.
Al finalizar la audiencia, el fiscal de la causa, Marcelo Nessier, explicó que la extensión del debate se debió a la complejidad de los hechos, que comenzaron a principios de año, y a la necesidad de analizar múltiples declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y debates doctrinarios.
La sospecha de comercialización de drogas
Aunque el fiscal imputó a Carlozzi bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización debido a la cantidad “escandalosa” de cocaína secuestrada, la magistrada dio por acreditados, de forma preliminar, los delitos de amenazas y tenencia simple.
Respecto a la estrategia de la defensa, liderada por Néstor Oroño y Macarena Olivera, Nessier reveló que el propio imputado declaró, pero limitándose a afirmar a través de sus abogados que “solamente 1,7 gramos del material hallado eran de su propiedad”. Además, la defensa solicitó una internación en una clínica de adicciones, pero la jueza rechazó el pedido al no presentarse certificados médicos ni estudios que acreditaran formalmente una enfermedad.
Violencia de género y una supuesta “privación de la libertad”
El fiscal describió una preocupante situación de asimetría y desamparo en torno a la víctima, una mujer oriunda de otra provincia. Según Nessier, la relación transitaba un “empeoramiento” en el cual Carlozzi, presuntamente obsesionado, le profería amenazas de muerte, le exhibía un arma de fuego y la obligaba a cortar vínculos con su expareja.
“La víctima se encontraba en una ciudad completamente distinta a la suya, con sus pertenencias en la casa del imputado y en una situación de extrema vulnerabilidad”, detalló el fiscal. Aunque aclaró que no se denunciaron agresiones físicas directas, existió una fuerte violencia verbal y psicológica, e incluso se investiga una posible privación de la libertad, dado que la mujer habría estado encerrada en la vivienda y retenida mediante la manipulación de sus pertenencias.
El millonario secuestro
La detención se materializó tras dos allanamientos de la Policía de Investigaciones. En el piso 7 del Complejo Puerto Amarras se incautaron tres teléfonos y 57 gramos de cocaína. Simultáneamente, en una propiedad en Arroyo Leyes, los agentes secuestraron un revólver calibre 38 con municiones, otros 100 gramos de cocaína y la suma de $8.860.000 en efectivo. La jueza dictó la preventiva ante la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
