Mientras la Justicia avanza con la investigación sobre la red de residencias geriátricas que quedó bajo la lupa tras el incendio ocurrido en un hogar de barrio Nuevo Horizonte, continúan apareciendo testimonios de personas que aseguran haber presenciado situaciones de extrema vulnerabilidad dentro de los establecimientos administrados por la misma responsable, sobre quien actualmente pesa un pedido de captura.
En diálogo con Veo Noticias, una familiar de una residente y dos ex empleados, cuyos nombres se mantienen en reserva para preservar su identidad, relataron experiencias que, según sostienen, reflejan un patrón de presunto abandono, maltrato y manejo irregular de los adultos mayores alojados en las residencias de Diez de Andino al 5800 y Salvador del Carril al 2000.
“La encontré sin sus pertenencias, incomunicada y golpeada”
C., prima de una mujer que actualmente permanece alojada en la residencia de Diez de Andino, contó que tomó contacto con su familiar luego de que esta fuera rescatada de una situación de violencia de género extrema.
Según relató, la mujer permaneció internada primero en el Hospital Iturraspe y luego en el Hospital Vera Candioti, hasta que finalmente fue trasladada al geriátrico por gestiones realizadas por una de sus hijas.
La familiar explicó que, al regresar a Santa Fe tras una ausencia laboral de algunos meses, decidió visitar por sorpresa a su prima y aseguró que encontró una realidad muy distinta a la que esperaba.
“Cuando llegué no tenía ninguna de sus pertenencias. No estaba la ropa nueva que le habíamos comprado, tampoco el calzado ni el teléfono. Estaba incomunicada, semidesnuda y con golpes”, afirmó.
De acuerdo con su testimonio, al reclamar por la situación recibió una llamada telefónica de la administradora de la residencia.
“Me dijo que me estaba mirando por las cámaras y que si yo quería guerra… No entendía si me estaba informando o amenazando”, recordó.
La mujer sostuvo además que, tras insistir con sus reclamos, le prohibieron volver a ingresar al establecimiento.
“Las empleadas me dijeron que ellas cuidaban su trabajo, pero que la dueña había ordenado que no me dejaran entrar más”, señaló.
Restricciones a las visitas y manejo de pertenencias
Otro de los testimonios recogidos por Veo Noticias corresponde a M., quien trabajó hace aproximadamente seis años tanto en la residencia de Diez de Andino como en la de Salvador del Carril.
La ex empleada aseguró que cada establecimiento albergaba entre 17 y 18 residentes y explicó que muchos de ellos llegaban derivados desde hospitales públicos mediante trabajadoras sociales, aunque también había personas ingresadas por decisión de sus familias.
Según afirmó, cuando algún familiar cuestionaba aspectos vinculados al cuidado de los residentes, la respuesta era impedirle el ingreso.
“Si un familiar se quejaba, por ejemplo por la ropa que tenía un abuelo, la orden era que no lo dejaran entrar más”, sostuvo.
La mujer también indicó que los pañales eran provistos por PAMI y que Cáritas entregaba ropa para los residentes, a pesar de que en muchos casos las propias familias también llevaban prendas para sus seres queridos.
Alimentación, medicamentos y condiciones laborales
Los relatos de M. y de J., otro ex empleado que trabajó en la residencia de Salvador del Carril entre 2024 y octubre de 2025, coinciden en varios aspectos vinculados al funcionamiento cotidiano de los hogares.
Ambos aseguraron que la alimentación de los residentes consistía, en gran parte, en preparaciones a base de polenta y fideos.
También sostuvieron que existían deficiencias en la administración de medicamentos y que la atención médica era esporádica, ya que, según describieron, un profesional concurría únicamente de manera ocasional para revisar a los adultos mayores.
J. también denunció las condiciones en las que trabajaba el personal.
Según su testimonio, llegó a permanecer hasta 48 horas consecutivas de guardia y, cuando algún compañero faltaba, debía atender solo a entre 17 y 18 residentes.
Además, afirmó que intentó denunciar estas situaciones en la Comisaría 5.ª, ubicada a pocos metros del establecimiento, pero aseguró que su presentación no fue recibida.
Presuntas maniobras con jubilaciones y préstamos
Uno de los puntos más delicados de los testimonios está relacionado con el manejo del dinero de los residentes.
Tanto M. como J. afirmaron que la administradora de las residencias conservaba los documentos nacionales de identidad y las tarjetas de débito de los adultos mayores.
Según ambos ex trabajadores, desde allí se cobraban las jubilaciones de los residentes.
Por su parte, J. aseguró haber presenciado en dos oportunidades el traslado de adultos mayores para la firma de préstamos.
Estas afirmaciones forman parte de los testimonios aportados por los ex empleados y se conocen mientras la Justicia investiga el funcionamiento de las residencias y las posibles responsabilidades penales de sus administradores.
Una investigación que continúa
Los testimonios recogidos por Veo Noticias se suman a la causa judicial que investiga las condiciones en las que funcionaban estas residencias geriátricas y las presuntas irregularidades detectadas tras el operativo realizado luego del incendio ocurrido en el establecimiento de barrio Nuevo Horizonte.
La investigación permanece en curso y será la Justicia la encargada de determinar la veracidad de las denuncias, establecer las eventuales responsabilidades y definir si existieron delitos en perjuicio de los adultos mayores alojados en estos establecimientos.
