La Justicia confirmó la prisión preventiva de Stefanía Evelin Oviedo, agente de la Policía de Investigaciones (PDI) de Reconquista, quien está acusada de haber filtrado información sobre allanamientos vinculados con investigaciones por microtráfico en el norte de Santa Fe.
La resolución fue dictada el miércoles 12 de agosto por el juez penal de Segunda Instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial, Eduardo Alberto Bernacchia, quien rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la medida cautelar que había dispuesto en primera instancia el juez Mauricio Martelossi.
La defensa había solicitado que la prisión preventiva fuera reemplazada por un régimen domiciliario. Entre sus argumentos, señaló que la eventual pena podría ser de ejecución condicional, cuestionó que existiera riesgo de entorpecimiento de la investigación y planteó la situación familiar de Oviedo, madre de una bebé de cinco meses.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que todavía existe riesgo de que la investigación sea afectada. En particular, destacó que la imputada es funcionaria policial y que, de acuerdo con la hipótesis del caso, habría utilizado su posición para acceder y transmitir información sobre procedimientos contra personas vinculadas al narcomenudeo. También restan medidas de prueba, entre ellas el análisis de teléfonos celulares y la posibilidad de que surjan nuevos involucrados.
Al resolver la apelación, Bernacchia consideró que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por el artículo 220 del Código Procesal Penal de Santa Fe para mantener la prisión preventiva. Según el magistrado, existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad correspondiente a esta etapa, la posible participación de Oviedo y también consideró que una eventual condena podría ser de cumplimiento efectivo.
El pedido por las condiciones de detención
Aunque confirmó la prisión preventiva, el camarista hizo lugar parcialmente a los planteos vinculados con las condiciones en las que se encuentra alojada la agente.
Oviedo permanece detenida en la sede Reconquista de la Policía Federal Argentina, ubicada en el edificio del antiguo Hospital Central. Sus abogados señalaron que el lugar presenta dificultades de salubridad y aseguraron que la detenida debe consumir agua de pozo debido a la falta de agua potable.
También remarcaron que la mujer debe amamantar varias veces al día a su hija de cinco meses, que es trasladada hasta el lugar por familiares. Ante esta situación, Bernacchia ordenó al Ministerio Público de la Acusación gestionar un lugar de alojamiento que permita preservar el vínculo entre la madre y la niña o, en su defecto, garantizar condiciones de detención adecuadas.
Una de las alternativas analizadas sería el traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial.
Una investigación por filtración de allanamientos
Oviedo está imputada junto con Ariel Sena, quien al momento de su detención se desempeñaba como jefe de Calle de la PDI de General Obligado. Ambos están acusados de haber alertado a personas vinculadas con la venta de drogas sobre procedimientos que iban a realizarse en distintos domicilios de Avellaneda.
La investigación sostiene que las filtraciones habrían perjudicado una serie de allanamientos por microtráfico. De acuerdo con la acusación, en 18 procedimientos se terminó secuestrando solamente unos 60 gramos de droga.
El 5 de junio, el fiscal Sebastián Galleano, junto con los fiscales Franco Carbone y Diego Vigo, imputó a ambos por encubrimiento agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los elementos incorporados a la causa aparecen testimonios que apuntan a un supuesto cobro de $500.000 a cambio de advertir sobre los operativos. También se investigan capturas de pantalla que habrían sido adulteradas para intentar desviar la pesquisa y comprometer a otros integrantes de la fuerza.
Las capturas que forman parte de la causa
Uno de los episodios investigados surgió a partir de una denuncia realizada por Sergio Cargnelutti, subjefe del Departamento de Investigaciones Complejas Región 4 de la PDI.
El funcionario informó que recibió en su teléfono una captura de WhatsApp en la que aparecía su fotografía de perfil junto con un mensaje que supuestamente había enviado para alertar sobre un allanamiento. Cargnelutti negó haber escrito o enviado ese mensaje y sostuvo que, además, la forma de redacción no coincidía con su manera habitual de comunicarse.
La Fiscalía considera que este tipo de maniobras podrían haber sido utilizadas para desviar la investigación y atribuir las filtraciones a otros integrantes de la fuerza.
La causa y el accidente en la Ruta 98
La investigación también quedó vinculada temporalmente con un accidente ocurrido el 29 de mayo sobre la Ruta Nacional 98, al oeste de Vera. Ese día, dos efectivos de la PDI de San Cristóbal que se dirigían a participar de procedimientos en Avellaneda murieron luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un camión detenido sobre la calzada.
Las víctimas fueron la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrián Mansilla, ambos integrantes del área de Microtráfico de la PDI de San Cristóbal.
La causa por las presuntas filtraciones continúa en trámite y la Justicia deberá determinar la responsabilidad que les corresponde a Oviedo y Sena, además de establecer si existieron otras personas involucradas en el esquema investigado.
