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Ferrocarril Belgrano Cargas y las dudas que genera la privatización del servicio en Santa Fe

Gustavo Flores, referente de la organización Santa Fe en Tren, analizó el proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. Valoró el esquema de acceso abierto, pero alertó sobre la falta de precisiones en el financiamiento de obras, los controles a las concesionarias y el rol de la Provincia.

25 de agosto de 2026


El anuncio del Gobierno nacional sobre la privatización y concesión de las tres líneas ferroviarias que integran la red de Belgrano Cargas reabrió el debate sobre el futuro del transporte de cargas en la región. Desde la organización Santa Fe en Tren, su referente Gustavo Flores consideró que el proceso representa una oportunidad para reestructurar el sistema, aunque advirtió que persisten importantes dudas sobre su implementación operativa y financiera.
En diálogo con Veo Noticias, Flores señaló: “Estamos ante la posibilidad de corregir lo que se hizo mal en los noventa. Es una reedición de las concesiones ferroviarias y esperemos que esta vez se haga mejor. Ya es una decisión tomada que los tres ferrocarriles se van a privatizar, pero hay varias dudas que están rondando porque todavía no hay definiciones muy claras en lo que tiene que ver a las inversiones, la operación y el tiempo de concesión”.

Las principales advertencias del sector

A través de un análisis del esquema planteado por el Ejecutivo nacional, desde Santa Fe en Tren remarcaron cuatro ejes críticos que requieren mayor claridad normativa y de control:
  • Incertidumbre sobre los fondos de infraestructura: El plan oficial contempla financiar las obras de la red mediante la venta de material rodante (locomotoras y vagones) e inmuebles ferroviarios. Flores dudó de que la recaudación por esas ventas sea suficiente para cubrir los costos reales de acondicionamiento y advirtió que no se precisó de dónde saldrán los recursos en caso de un déficit de capital.
  • Control del esquema de “Acceso Abierto” (Open Access): Si bien el modelo busca permitir que distintas empresas operen en las vías, el referente cuestionó la falta de mecanismos de regulación. Alertó que sin sanciones claras, las concesionarias podrían bloquear el paso a pequeños productores o cooperativas regionales, una problemática que ya se registra en varias localidades de la provincia.
  • Revisión de contratos a 50 años: Aunque consideró adecuado un plazo de medio siglo para garantizar inversiones de largo plazo, enfatizó la necesidad de establecer auditorías periódicas obligatorias. Remarcó que las concesionarias previas incurrieron en severos incumplimientos que terminaron siendo condonados sin penalizaciones.
  • Inclusión de ramales secundarios: Advirtió sobre el peligro de que las empresas privadas descarten líneas menos rentables pero clave para la producción regional —como los tramos Tostado-Bandera o conexiones en Córdoba—, requiriendo complejos trámites jurídicos posteriores para revertir su abandono.

El rol de la provincia de Santa Fe

Finalmente, Flores recordó que la provincia de Santa Fe cuenta con un marco legal propio habilitante para intervenir en la gestión del transporte de trenes: “Sería bueno que nuestra provincia, que está habilitada a participar en la operación ferroviaria por una ley del año 2012, también muestre interés y busque algún tipo de participación, ya sea directa o a través de un intermediario”, concluyó.