Tras 12 horas de audiencia en los tribunales de Rafaela, el juez Nicolás Stegmayer resolvió las medidas cautelares para los imputados en una investigación por una presunta asociación ilícita vinculada al microtráfico y a hechos de violencia altamente lesiva.
Según informó el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, el magistrado rechazó los planteos de incompetencia formulados por las defensas y consideró que el caso corresponde al ámbito de actuación de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico.
La audiencia estuvo a cargo de Carbone y de las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro. La investigación tiene como antecedente la imputación de 22 personas, entre hombres y mujeres de entre 18 y 74 años, mientras que otros dos hombres permanecen prófugos y cuentan con pedidos de detención vigentes.
Prisión preventiva para los imputados
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para los acusados. De acuerdo con lo informado por Carbone tras la audiencia, el juez resolvió que 21 de las 23 personas investigadas permanezcan bajo prisión preventiva.
Cinco de ellas cumplirán la medida bajo una modalidad morigerada, en prisión domiciliaria, mientras que el resto lo hará en prisión preventiva ordinaria.
La modalidad domiciliaria contempla situaciones particulares de algunos de los imputados, entre ellas mujeres que tienen niños menores a cargo y una persona embarazada.
Rechazaron los planteos de incompetencia
Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia fue la competencia de la Justicia provincial para intervenir en el caso.
Las defensas de los imputados habían planteado la incompetencia, pero el juez Stegmayer rechazó esos planteos. Según explicó Carbone, el magistrado entendió que se trata de un caso de microtráfico y que reúne las condiciones para ser investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico.
La causa reúne 17 legajos penales conexos y contempla delitos como comercio de estupefacientes en la modalidad de microtráfico, portación y tenencia de armas de fuego, abuso de armas, extorsiones, secuestro coactivo, daños y usurpaciones.
Restricciones para los presuntos jefes de la organización
Además de las prisiones preventivas, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas restrictivas previstas en el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe para quienes son señalados como jefe y organizador de la presunta asociación ilícita.
El juez hizo lugar al planteo. Las medidas incluyen restricciones temporales sobre el régimen de visitas y de comunicaciones, además de la prohibición de mantener contacto con las demás personas investigadas en la causa.
La medida apunta especialmente a evitar que quienes ocupaban, según la hipótesis fiscal, posiciones de conducción dentro de la organización puedan comunicarse con otros integrantes mientras avanza la investigación.
Una investigación por microtráfico y violencia
La causa comenzó a tomar forma a partir de un análisis conjunto realizado por la Fiscalía General y la Fiscalía Regional 5 sobre una serie de hechos ocurridos en Rafaela durante 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que la organización investigada se dedicaba al comercio organizado de estupefacientes y que utilizaba otros delitos y hechos violentos para ejercer control territorial en distintos barrios de la ciudad.
En el marco de la investigación se realizaron 17 allanamientos en 12 barrios de Rafaela, donde fueron secuestradas drogas, armas de fuego y otros elementos considerados de interés para la causa.
A uno de los imputados se le atribuye el rol de jefe de la asociación ilícita, mientras que otro es señalado como organizador. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, ambos habrían tenido diferentes niveles de intervención en la estructura dedicada al microtráfico y en hechos vinculados con balaceras, amenazas, extorsiones y usurpaciones.
La investigación continúa y todavía hay dos personas con pedidos de detención vigentes que permanecen prófugas.
