Sergio Urribarri fue detenido durante la noche del viernes y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, luego de que quedara firme la condena a ocho años de prisión que pesa sobre el exgobernador de Entre Ríos por delitos contra la administración pública.
La orden de detención también alcanzó a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación de su gestión, Pedro Báez, quienes fueron condenados en la misma causa a seis años y medio de prisión.
Urribarri fue buscado por efectivos policiales en su domicilio de Concordia y trasladado durante la noche hacia la capital entrerriana. El recorrido, de unos 280 kilómetros, demandó cerca de cuatro horas debido al estado de la Ruta Nacional 18. Finalmente, el exmandatario ingresó a la cárcel durante la madrugada.
Una condena que quedó firme
Urribarri fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por su defensa.
A partir de esa decisión, el Tribunal de Juicio que intervino en la causa dispuso que los condenados comenzaran a cumplir las penas en una unidad penitenciaria.
La Unidad Penal N°1 de Paraná fue finalmente definida como lugar de alojamiento para Urribarri, mientras que entre las alternativas también habían sido consideradas la Unidad Penal N°3 de Concordia y la Colonia Penal de Gualeguaychú.
Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria
Antes de que se concretara la detención, la defensa de Urribarri había solicitado que el exgobernador cumpliera la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con monitoreo electrónico.
El planteo fue presentado por el abogado Leopoldo Cappa, quien argumentó que su representado atravesaba un cuadro de salud mental que podía agravarse en un establecimiento penitenciario.
La Fiscalía se opuso al pedido y sostuvo que, al existir una sentencia firme, la definición sobre la modalidad de cumplimiento de la pena corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas y no al Tribunal de Juicio.
Los jueces Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara consideraron “improcedente” el planteo de la defensa y coincidieron con la Fiscalía en que la cuestión deberá ser analizada por la Justicia de Ejecución.
Control médico en la cárcel
De todos modos, el Tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario realice un examen médico exhaustivo a los condenados al momento de su ingreso.
La medida apunta a determinar las condiciones de salud de cada uno y garantizar la continuidad de los tratamientos y la provisión de la medicación que tengan indicada. También se estableció que deberán ser trasladados a centros hospitalarios en caso de resultar necesario.
La defensa del exministro Pedro Báez había realizado un planteo similar al de Urribarri, pero también fue rechazado por el Tribunal de Juicio.
