Una de las principales empresas globales de servicios petroleros, SLB (Schlumberger), confirmó que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.
La compañía comunicó que tampoco tiene previsto presentarse a futuras licitaciones vinculadas con la prestación de servicios para proyectos petroleros en la zona. La decisión se conoció luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei y de la publicación del Decreto 868/26.
“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la empresa.
En el mismo comunicado, la firma aseguró que reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.
El antecedente del proyecto Sea Lion
SLB ya se había mantenido al margen del proyecto Sea Lion, que prevé la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%.
La decisión también se enmarca en la postura adoptada por otras grandes compañías de servicios petroleros con presencia en Argentina, entre ellas Halliburton, que tampoco participan del proyecto.
En cambio, Navitas y Rockhopper ratificaron que continuarán con el desarrollo de Sea Lion y señalaron que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no modificarán el cronograma previsto.
Las nuevas medidas del Gobierno
La decisión de SLB se conoció después del discurso que Milei brindó el jueves por cadena nacional, en el que anunció nuevas medidas vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El Gobierno publicó el Decreto 868/26, que establece mecanismos para avanzar con sanciones contra empresas que participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas o sus espacios marítimos circundantes.
Además, se dispuso que distintos organismos estatales informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos de la legislación argentina. También se incorporaron declaraciones juradas para trámites vinculados con actividades hidrocarburíferas y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El Ejecutivo también anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley 26.659, con el objetivo de ampliar y endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en la zona y contra quienes les presten servicios.
El Gobierno inició procedimientos contra 45 personas y empresas
En paralelo, la Cancillería informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Según informó la Oficina del Presidente, las actuaciones no se limitarán a las compañías que desarrollen directamente las actividades hidrocarburíferas, sino que también podrán alcanzar a accionistas y empresas que les hayan prestado servicios.
El Gobierno sostiene que las medidas buscan evitar que compañías participen de actividades sobre la plataforma continental argentina sin reconocer la soberanía del país sobre las islas.
La disputa por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda política y energética, mientras las empresas involucradas evalúan el impacto de las nuevas disposiciones argentinas sobre sus operaciones.
