El Gobierno busca ampliar las herramientas y garantías legales para que las Fuerzas Armadas puedan derribar aeronaves declaradas hostiles dentro del espacio aéreo argentino. El cambio formará parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei anunció en la cadena nacional por Malvinas y que la Casa Rosada prevé enviar al Congreso durante los próximos días.
La modificación apunta especialmente a dar mayor respaldo jurídico y agilidad al procedimiento de protección aeroespacial, que actualmente contempla distintas instancias para identificar, interceptar y ordenar el aterrizaje de aeronaves irregulares. En el Ejecutivo quieren reducir las zonas grises que, según reconocen en ámbitos militares, desalientan la utilización de la fuerza como última instancia.
En las Fuerzas Armadas explican que el principal problema no es la capacidad para detectar o seguir vuelos irregulares, sino el margen jurídico para avanzar hasta la última etapa del procedimiento. Los seguimientos se realizan con los medios disponibles de la Fuerza Aérea y, ante sospechas de vuelos vinculados con actividades ilegales, se transmite además la información a las fuerzas federales desplegadas en tierra.
El marco vigente ya contempla la identificación, interceptación, advertencias y la posibilidad de compeler al aterrizaje a aeronaves irregulares. El punto que busca revisar el Gobierno es el último escalón del procedimiento: el empleo de fuerza letal contra vectores declarados hostiles. Esa facultad estuvo prevista con carácter permanente hasta marzo de 2023 y posteriormente volvió a habilitarse de manera excepcional para acontecimientos específicos, como la Cumbre del Mercosur y el traspaso presidencial de ese año.
En la segunda ocasión, además, la decisión final quedó expresamente en manos del Presidente de la Nación. La norma exigía confirmar el acto hostil, declarar la aeronave como tal y obtener la aprobación de la autoridad política antes de utilizar armamento para impedir la continuidad del vuelo.
La reforma que prepara el Gobierno buscará revisar ese circuito y establecer mayores garantías para quienes deban ejecutar una orden, según explican fuentes vinculadas con la elaboración del paquete. En ámbitos castrenses advierten que la posibilidad de afrontar posteriormente consecuencias penales o administrativas funciona actualmente como un fuerte límite operativo.
Eso no significa que cualquier avioneta sin autorización o que ingrese irregularmente al espacio aéreo pueda ser derribada automáticamente. El esquema de protección aeroespacial distingue entre una aeronave irregular y un vector considerado hostil y prevé una escalada de medidas que comienza con la identificación y las advertencias y deja el empleo de armas como última alternativa.
El punto adquiere especial importancia en la frontera norte y en las operaciones contra el narcotráfico. En Defensa reconocen que una situación frecuente consiste en detectar y seguir un vuelo sospechoso, transmitir la información a Gendarmería u otras fuerzas y localizar posteriormente la aeronave ya aterrizada, abandonada o incluso desarmada.
El Gobierno había trabajado durante los últimos dos años en una reforma mucho más amplia de Seguridad Nacional, pero el diseño fue recortado. En la versión que la Casa Rosada prepara ahora para acompañar el paquete de Malvinas no estarán los cambios a la Ley de Seguridad Interior ni una ampliación general de la intervención de las Fuerzas Armadas frente a problemas de seguridad interna.
La decisión implica dejar afuera, por el momento, uno de los capítulos más sensibles que el Ejecutivo venía evaluando: incrementar el margen de actuación militar frente al narcotráfico y otras organizaciones criminales dentro del territorio nacional. El Gobierno ya modificó en 2024 la reglamentación de la Ley de Defensa para contemplar amenazas o agresiones de origen externo independientemente de dónde se materialicen, pero no utilizará ahora la nueva ley para extender ese criterio a la seguridad interior.
Los cambios en Inteligencia tampoco formarán parte de este proyecto. En Nación consideran que no necesitan incorporar esa discusión al expediente que llegará al Congreso y mantienen la decisión de avanzar por otro carril con las modificaciones de la SIDE, que incluyen cambios en la estructura, la carrera de los agentes, la formación, las capacidades operativas y la coordinación del sistema.
La separación representa un cambio respecto de los primeros borradores de la Ley de Seguridad Nacional, que buscaban reunir en un mismo marco las reformas de Defensa, Seguridad e Inteligencia. El texto que Milei anunció por cadena estará más concentrado en la protección de intereses estratégicos del Estado, la infraestructura crítica, la vigilancia aeroespacial y marítima y las herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas externas.
Fuente: TN
