La Justicia santafesina condenó este mes al exintendente de la ciudad de Ceres, Camilo Enzo Busquets (69), y a su exsecretario de Hacienda, Lucas Sebastián Cañete, por una serie de delitos contra la administración pública cometidos durante los períodos de gestión comprendidos entre 2003 y 2019. El tribunal integrado por los jueces Cecilia Álamo, Javier Bottero y Nicolás Stegmayer dictó penas de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ambos implicados tras comprobarse irregularidades en el manejo de fondos estatales y contrataciones públicas.
Durante el proceso judicial que culminó con el veredicto, los magistrados determinaron las responsabilidades penales de cada uno de los acusados. A su vez, en el marco de la misma causa, el tribunal decidió la absolución de otra ex secretaria de Hacienda municipal que también era investigada por los fiscales intervinientes.
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Penas, inhabilitación y palabra de la fiscalía
Tras conocerse la resolución judicial, las autoridades del Ministerio Público de la Acusación valoraron el avance de la investigación. Las sanciones impuestas a los exfuncionarios involucran restricciones severas para desempeñar funciones públicas en el futuro:
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Camilo Busquets: Recibió una pena de dos años y diez meses de prisión condicional, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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Lucas Sebastián Cañete: Fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión condicional y también sufrió la inhabilitación perpetua.
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Fiscalía: El fiscal Guillermo Loyola destacó el fallo al señalar: “Valoramos la decisión de condenar a los dos exfuncionarios a los que investigamos”, a la espera de conocer los fundamentos integrales de la sentencia.
Desvío de fondos y licitaciones irregulares
La investigación judicial probó que los exfuncionarios utilizaron de forma discrecional los recursos destinados a la comunidad. Entre las maniobras detectadas se constató el desvío de partidas recibidas en concepto de Financiamiento Educativo durante el año 2017, las cuales fueron destinadas a fines ajenos a los establecidos.
Asimismo, el fiscal Loyola detalló que se abusó de la confianza pública mediante concursos privados de precios para obras de alto valor que, por normativa municipal, debían licitarse públicamente. Estas acciones generaron un grave perjuicio patrimonial, ya que se abonaban trabajos inconclusos y se omitían los procedimientos legales de compra obligatorios.
