Saab, considerado durante años uno de los principales operadores económicos de Nicolás Maduro, admitió su responsabilidad en una conspiración para lavar dinero. Según la acusación de la Justicia estadounidense, el esquema comenzó en 2015 e involucró sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos millonarios.
Parte de los fondos obtenidos mediante esas operaciones habría sido transferida a cuentas bancarias en Estados Unidos. Los investigadores también señalaron el uso de empresas ficticias y documentación falsa para ocultar el origen del dinero.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía incluye la cooperación de Saab en investigaciones en curso. El empresario deberá proporcionar información sobre hechos y personas que puedan estar vinculados con las maniobras de corrupción, aunque los documentos judiciales no detallaron por ahora a qué funcionarios podría involucrar.
Además del pago de USD 195 millones, Saab podría beneficiarse con una reducción de su eventual condena si los fiscales consideran sustancial su colaboración. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
La causa representa un nuevo capítulo en las investigaciones estadounidenses sobre la red económica vinculada al gobierno venezolano. Saab había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, pero en 2023 fue liberado durante un intercambio de prisioneros. En mayo de 2026 volvió a quedar bajo custodia estadounidense.
