El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone ampliar las sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, además de la Plataforma Continental Argentina.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti y Luis Caputo, plantea reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado en actividades hidrocarburíferas.
El nuevo esquema ampliaría el alcance a todo tipo de aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
El envío al Congreso se produce luego de que el Gobierno cuestionara el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por empresas extranjeras en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Multas y penas de hasta 20 años
El proyecto contempla multas que podrían ir desde el equivalente a 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo para quienes desarrollen actividades alcanzadas por la prohibición. También establece la posibilidad de suspender o cancelar permisos y aplicar inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
Para las actividades vinculadas específicamente con hidrocarburos, el régimen prevé sanciones penales más severas. La exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización podría tener penas de 12 a 20 años de prisión.
En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la pena prevista sería de 15 a 20 años, junto con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
El proyecto también alcanza a proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para estas actividades, cuando tengan conocimiento del destino de esos recursos. Para esas conductas se establecen penas de entre cinco y siete años.
Las sanciones podrían extenderse además a las sociedades involucradas, con medidas como la revocación de habilitaciones, suspensión de actividades, imposibilidad de contratar con el Estado y, en determinados casos, disolución o liquidación.
Restricciones para operar en Argentina
La iniciativa establece que las empresas alcanzadas por una inhabilitación no podrán desarrollar actividades económicas en el país durante el período establecido por la sanción.
Además, podrían perder permisos y beneficios fiscales o previsionales otorgados mediante actos particulares y quedarían sujetos a la rescisión de contratos cuya ejecución se desarrolle total o parcialmente en territorio argentino o sobre bienes ubicados en el país.
El proyecto también contempla un período de entre 30 y 180 días para el cese de actividades, con posibilidad de prórroga según las condiciones vinculadas con trabajadores, acreedores, terceros de buena fe y la continuidad de determinados servicios.
A su vez, crea un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permitiría a quienes abandonen las actividades cuestionadas solicitar su incorporación a un esquema de regularización, mediante el pago de multas o el compromiso de realizar inversiones en actividades legales dentro de Argentina. El cumplimiento de las condiciones previstas podría derivar en el archivo de actuaciones administrativas y la extinción de la acción penal, salvo en determinados supuestos.
Un nuevo sistema de seguridad nacional
El proyecto también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, destinado a coordinar áreas vinculadas con defensa, política exterior, economía, inteligencia, ciberseguridad, aspectos jurídicos y protección de infraestructura crítica.
El organismo rector sería un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
Entre sus funciones estaría la elaboración de una Política de Seguridad Nacional y la coordinación con organismos públicos y, eventualmente, con provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta también incorpora una definición de infraestructuras críticas, que incluye instalaciones, redes y sistemas públicos o privados considerados esenciales para servicios básicos, salud, defensa, economía y funcionamiento del Estado.
Cambios para aeronaves y buques
El texto incorpora además procedimientos para responder ante aeronaves que incumplan las reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de las autoridades.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, contempla medidas progresivas frente a buques considerados hostiles, entre ellas advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de embarcaciones.
El hundimiento quedaría reservado para situaciones militares excepcionales y requeriría autorización presidencial. El proyecto establece expresamente que no podrá utilizarse el hundimiento de un buque civil como sanción, herramienta policial o mecanismo para impedir una fuga.
La iniciativa deberá ahora comenzar su tratamiento parlamentario en el Congreso, donde los distintos aspectos del nuevo régimen quedarán sujetos al debate legislativo.
