El Gobierno del Reino Unido volvió a fijar este viernes su posición sobre las Islas Malvinas y rechazó las medidas impulsadas por Argentina contra empresas y particulares vinculados con actividades económicas en el archipiélago.
La declaración fue realizada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien sostuvo que las acusaciones y sanciones contra compañías que suministran bienes y servicios a las islas son “inaceptables” y, según la postura británica, no cuentan con justificación legal.
Londres también ratificó que respalda las actividades vinculadas con el desarrollo de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. El gobierno británico sostiene que las autoridades de las islas tienen competencia para regular la actividad económica en el territorio y que las empresas que operan allí cuentan con su respaldo.
El pronunciamiento se produjo luego de que el Gobierno argentino avanzara con nuevas medidas contra compañías relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona. Entre ellas se encuentra una iniciativa enviada al Congreso que propone ampliar el régimen de sanciones para actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
La propuesta contempla penas más severas y amplía el alcance de las restricciones previstas en la legislación vigente. El Gobierno argentino también inició procedimientos contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La tensión entre ambos gobiernos se había profundizado el 15 de septiembre, cuando Londres publicó una guía destinada a empresas y particulares que desarrollen actividades comerciales o suministren bienes y servicios a las islas. En ese documento, el Reino Unido sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las Malvinas ni sobre las compañías que desarrollan actividades vinculadas con el archipiélago.
La Cancillería argentina rechazó esa posición y afirmó que las islas y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino. Además, sostuvo que la legislación nacional alcanza a las empresas, inversores y proveedores que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Buenos Aires.
De esta manera, la disputa por las actividades económicas y la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas suma un nuevo capítulo, con posiciones contrapuestas entre Argentina y el Reino Unido sobre la jurisdicción aplicable y el desarrollo de los recursos naturales.
