El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley la segunda versión del régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que reemplaza al esquema aprobado meses atrás. El proyecto obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, sin abstenciones. El oficialismo reunió el respaldo de distintos bloques aliados para avanzar con la sanción.
Entre los espacios que acompañaron la iniciativa estuvieron La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Convicción Federal y distintos bloques provinciales.
Durante el debate, el oficialismo sostuvo que el objetivo de la nueva normativa es modificar el esquema de controles tributarios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El senador Bruno Olivera, integrante de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, planteó que la iniciativa busca modificar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes.
El bloque Justicialista votó en contra. El senador José Mayans sostuvo que el proyecto forma parte del programa económico del Gobierno y cuestionó que sus efectos puedan favorecer un esquema de regularización de fondos no declarados. Jorge Capitanich, por su parte, cuestionó el tratamiento de la iniciativa en comisión y señaló que no participaron funcionarios del Ministerio de Economía ni de ARCA.
Uno de los cambios incorporados por la nueva ley está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias. La normativa establece nuevos parámetros para acceder al esquema y modifica el criterio para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y los datos disponibles para el fisco.
La ley también establece un límite temporal para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027.
Durante la sesión, el senador Fernando Salino propuso ampliar las restricciones previstas para determinados funcionarios y que también alcanzaran a otras personas políticamente expuestas y a familiares. El oficialismo rechazó incorporar modificaciones y el proyecto fue aprobado sin cambios.
Traspaso judicial
En la misma sesión, el Senado aprobó los convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir competencias judiciales. La votación terminó con 44 votos a favor y 21 en contra.
Uno de los acuerdos contempla el traspaso a la Justicia porteña de las competencias sobre delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. La Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de esos casos, incluso cuando el acusado haya alcanzado la mayoría de edad al momento del juicio.
El convenio también contempla situaciones en las que adultos sean imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, con el objetivo de mantener una investigación y un juzgamiento unificados.
Para los menores de 14 años se prevén intervenciones judiciales vinculadas con medidas de protección.
Los convenios todavía deben completar su tratamiento legislativo para que el traspaso pueda concretarse. La transferencia incluye también recursos para el ejercicio de las nuevas competencias.
Durante el debate, desde el peronismo se cuestionó el acuerdo por considerar que profundiza diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias en materia de recursos y capacidades fiscales.
