El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta condenó a dos ex empleados del Banco Nación por sustraer dinero de clientes que realizaban depósitos en la sucursal de Orán. La sentencia consideró acreditadas 18 maniobras cometidas durante 2023 y determinó penas de dos años de prisión en suspenso para Silvia Verónica Castro y de seis meses para su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen.
El juez Domingo Batule los declaró responsables del delito de estafa, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de sus respectivas condenas: cuatro años en el caso de Castro y un año para Arias Knudsen.
También deberán someterse durante dos años al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y cumplir distintas reglas de conducta, entre ellas abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.
Cómo eran las maniobras con los depósitos
La investigación había identificado inicialmente 22 maniobras realizadas en 2023: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. Durante el juicio, el tribunal consideró acreditados 18 hechos: 17 correspondientes a la exempleada y uno a su pareja.
Según la acusación, la modalidad consistía en retirar algunos billetes de los fajos de dinero que los clientes entregaban para realizar depósitos. Castro trasladaba parte del efectivo hacia una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los depositantes y ocultaba los billetes en un folleto publicitario de la entidad.
En algunos casos, la sustracción se producía antes de que el dinero pasara por la máquina contadora y, en otros, después de una primera cuenta. La distribución de las cajas y la presencia de un vidrio esmerilado impedían que los clientes pudieran observar con claridad el procedimiento.
La maniobra era conocida como “pellizco” en la jerga policial.
Cómo se descubrieron los faltantes
Las irregularidades quedaron al descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo de Castro observó que retiraba billetes de un depósito y los guardaba en un folleto. Al revisar el material encontró parte del dinero que había sido separado del fajo.
A partir de ese episodio, las autoridades del Banco Nación revisaron las cámaras de seguridad de la sucursal. Las imágenes registradas desde el 19 de julio de 2023 permitieron detectar otras operaciones similares y dieron origen a la denuncia penal.
Durante el juicio se exhibieron los registros de las cámaras y declararon clientes que habían sufrido faltantes de dinero. Varios de ellos aseguraron que no habían advertido que parte del efectivo había sido retirado y que, cuando aparecían diferencias, habían pensado que se trataba de un error propio al contar los billetes.
Las víctimas eran, en su mayoría, clientes habituales que realizaban depósitos por sumas importantes, entre ellos representantes de empresas de la zona.
Los acusados negaron los hechos
Castro y Arias Knudsen negaron las acusaciones durante el proceso y sostuvieron que la causa estaba relacionada con conflictos laborales dentro de la sucursal.
Sin embargo, el juez descartó esa explicación y consideró acreditada la maniobra a partir de las pruebas incorporadas al debate, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los clientes.
En su resolución, Batule también señaló que los hechos implicaron un abuso de confianza hacia quienes concurrían a realizar depósitos y que tuvieron consecuencias sobre la imagen de la entidad bancaria.
El fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, había solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso para Castro y de un año para Arias Knudsen. El tribunal finalmente impuso penas menores, aunque mantuvo la calificación legal planteada por la acusación.
Más de 30 años de trabajo en el banco
Castro tenía una trayectoria de más de 30 años de trabajo en la sucursal del Banco Nación de Orán. Durante su alegato, el fiscal sostuvo que ninguno de los dos acusados atravesaba una situación de necesidad económica que pudiera explicar los hechos.
En ese sentido, hizo referencia a un informe sobre la situación patrimonial de ambos, que señalaba que residían en una vivienda de importantes dimensiones y que en el mismo inmueble funcionaba un comercio dedicado a la venta de piscinas y productos de limpieza.
El fiscal también indicó que, sumados los ingresos provenientes de esa actividad comercial y los salarios de ambos, contaban con un buen nivel económico.
Los clientes damnificados, en tanto, podrán iniciar los reclamos correspondientes por los perjuicios económicos sufridos.
