El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender hasta febrero de 2049 la concesión para la operación de 35 aeropuertos del país. La prórroga, que fue oficializada este lunes mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, contempla un plan de inversiones de USD 600 millones.
La concesión original tenía vigencia hasta 2038. La extensión surgió de una renegociación entre el Estado y la empresa a partir de los desequilibrios económicos que, según el acuerdo, generó el impacto de la pandemia sobre la actividad aeroportuaria.
El nuevo esquema establece que la empresa deberá realizar inversiones por USD 600 millones, IVA incluido, destinadas a obras vinculadas con la infraestructura, la calidad y la seguridad del servicio aeroportuario. Además, se fijó como condición que al menos el 75% de ese monto sea ejecutado antes del 31 de diciembre de 2031.
Las condiciones para extender la concesión
La extensión del contrato quedó vinculada al cumplimiento de dos condiciones. La primera establece que, antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá demostrar, mediante un informe elaborado por una de las principales firmas internacionales de auditoría, que cuenta con los fondos necesarios para afrontar el programa de inversiones.
La segunda condición exige que el 75% de las inversiones comprometidas esté terminado antes de finalizar 2031.
De acuerdo con la documentación oficial, la extensión hasta el 13 de febrero de 2049 fue definida luego de los análisis técnicos, económicos y financieros realizados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
La empresa había solicitado inicialmente una extensión más prolongada, que podía llevar la concesión hasta 2078. Sin embargo, el acuerdo finalmente estableció un plazo menor.
Una renegociación por el impacto de la pandemia
La renegociación se fundamentó en el desequilibrio económico y financiero que, según las partes, provocaron la pandemia y las medidas adoptadas durante ese período, que afectaron especialmente al transporte aéreo y al movimiento de pasajeros.
El acuerdo tomó como referencia una tasa interna de retorno del 14,3%, utilizada para recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión. El Gobierno aclaró que ese parámetro no implica una rentabilidad garantizada para la empresa.
A cambio de la extensión, se incrementó en USD 600 millones el monto de inversiones obligatorias, con el objetivo de acompañar las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo y mantener los estándares de prestación del servicio.
El acuerdo no contempla aumentos de tarifas como mecanismo de compensación ni establece restricciones para la realización de inversiones.
La concesión no tendrá beneficios del RIGI
Otro de los puntos establecidos es que el programa de inversiones comprometido por Aeropuertos Argentina no accederá a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La renegociación también busca cerrar las controversias acumuladas entre el Estado y la empresa. En ese sentido, ambas partes acordaron no realizar nuevos reclamos por hechos anteriores a la firma del Acta Acuerdo ni por las consecuencias directas o indirectas de los perjuicios derivados de la pandemia, con excepciones puntuales relacionadas con revisiones de inversiones de períodos anteriores.
De esta manera, el Gobierno y la empresa buscan dar por concluida la discusión sobre los efectos económicos de la pandemia y establecer un nuevo esquema de concesión con vigencia hasta 2049, condicionado al cumplimiento del programa de inversiones acordado.
