Instituciones, profesionales, familias y usuarios del sistema de atención a personas con discapacidad volvieron a movilizarse este miércoles frente a la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de Santa Fe. El reclamo central apuntó a visibilizar la crítica situación presupuestaria del sector y a exigir en el Congreso Nacional la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para diciembre de 2026.
Desde el sector advierten que la falta de actualización en los aranceles, sumada a la morosidad crónica en los pagos —que promedian demoras de entre 90 y 120 días tanto en la esfera provincial como nacional—, pone en riesgo directo la continuidad operativa de los centros de día, espacios terapéuticos y servicios de transporte.
“Lamentablemente seguimos organizándonos para hacer público el desfinanciamiento del sistema de apoyo. Esta ley fue una herramienta que supimos construir en 2025 entre todos los sectores para legislar sobre materias que el Poder Ejecutivo desatendió. Necesitamos que los legisladores voten la prórroga por lo menos hasta diciembre de 2027”, manifestaron representantes institucionales durante la concentración.
Lee tambien: Discapacidad: el oficialismo logró dictamen para reemplazar la ley de emergencia por un régimen permanente
Estigmatización, atrasos en pagos y riesgo prestacional
Durante la protesta, los referentes remarcaron la incertidumbre constante que atraviesan los equipos de trabajo y el impacto directo sobre los usuarios y sus familias:
-
Pagos a 90 y 120 días: Denuncian que el cobro diferido altera la sostenibilidad de cualquier proyecto institucional y precariza la labor profesional.
-
Impacto en las familias: Advierten que si los centros e instituciones deben cerrar por falta de recursos, las personas con discapacidad quedan desamparadas en sus hogares, rompiendo esquemas de contención y dinámicas familiares consolidadas.
-
Falta de previsibilidad: Exigen al arco político compromisos firmes en las cámaras legislativas para evitar discursos “neutrales” a la hora de votar partidas y normativas clave.
Leer más: [Crecida del Paraná: arman un centro de evacuados en Alto Verde y los vecinos piden precisiones a la Municipalidad]
“Nos tratan como personas bajo sospecha”
Por su parte, Tamara Mena, no vidente e integrante de la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad, cuestionó duramente la narrativa oficial respecto a las pensiones y la fiscalización del sector.
“Reclamamos la plena participación en la vida social, y eso es muy difícil cuando tenés un gobierno que nos trata como personas bajo sospecha. Funcionarios públicos han salido a decir que somos personas fraudulentas. Nos hacen sentir que tenemos que justificar nuestra discapacidad todo el tiempo porque si no, no nos creen”, sostuvo Mena.
Asimismo, la referente enfatizó en la necesidad de avanzar hacia una inclusión económica y laboral real: “Hoy 8 de cada 10 personas con discapacidad no acceden a un empleo formal. Pedimos que la pensión sea compatible con el trabajo, porque tener una base económica te permite disputar espacios en la educación, la universidad y el transporte. No se puede pensar la discapacidad únicamente en términos de rehabilitación”.
Por último, las organizaciones solicitaron que las auditorías que lleve adelante el Estado sean accesibles, transparentes y respeten la dignidad de las personas, evitando un despliegue de políticas regresivas que impliquen retrocesos en materia de derechos conquistados.
