La crisis en las dependencias estatales sumó un nuevo capítulo en la provincia de Santa Fe con el cierre definitivo de la delegación física de IOSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), una medida que dejó a un centenar de empleados en la calle y sin indemnización.
La situación, que se venía gestando desde hace semanas bajo un clima de extrema tensión, se concretó de manera sorpresiva a última hora de la semana pasada. Según detalló Jonathan Gutiérrez, trabajador de la obra social, el cierre del espacio físico se ejecutó cerca de las 22:00, mientras que las notificaciones formales de despido comenzaron a llegar en la madrugada del sábado.
«Nos llegaron los despidos sin indemnización tras 21 años de contrato»
En diálogo con Veo Noticias, Gutiérrez explicó el impacto de la medida sobre la planta laboral: “Lamentablemente el día viernes, a última hora (…) llegaron los despidos, el cierre definitivo de la delegación, del espacio físico. Esto fue cerca de las 10 de la noche y cerca de la 1 de la mañana, ya del sábado en mi caso, me llegó la notificación del despido, después de 21 años de contrato, sin indemnización, tanto a mí como a 19 chicos más”.
El referente gremial detalló que en total son 25 trabajadores en la delegación entre farmacia y atención, de los cuales solo seis integran la planta permanente. Sin embargo, advirtió que el conflicto abarca a toda la provincia: “Es una totalidad más o menos de 100 empleados en la provincia; son tres pares en Reconquista, son otros 60 o 70 en Rosario”.
Desamparo total y problemas para los afiliados
El cierre de las oficinas no solo golpea a los puestos de trabajo, sino que deja en una situación de extrema vulnerabilidad a los afiliados, especialmente a adultos mayores y personas con discapacidades que dependían de la atención personalizada.
Sobre este punto, Gutiérrez remarcó las falencias del nuevo sistema digital implementado por la obra social: “Nos llegan afiliados mayores de edad, discapacitados, personas con alguna dificultad visual, motriz y demás, pidiéndonos ayuda en algo que no sabemos cómo implementarlo porque no nos llegó ningún instructivo a nosotros”. Además, alertó sobre la imposibilidad de canalizar reclamos urgentes: “Hace tres días que llamo, más de 45 minutos en llamada y no puedo dar con la junta (…) Lamentablemente ante esa situación nosotros no podemos intervenir”.
Una transición conflictiva y sin canales de diálogo
Los trabajadores denuncian que la reconversión hacia un formato web se hizo “entre gallos y medianoches” y sin la capacitación necesaria ni para los agentes ni para los beneficiarios. A pesar de haber quedado formalmente despedidos y sin oficinas, los empleados continúan asistiendo temporalmente para dar contención a los afiliados: “Hoy de hecho estamos con una pequeña medida de fuerza, pero todos vinimos, fichamos, estamos cumpliendo horario (…) tratando de llevarla como vamos pudiendo con las normativas que nos van llegando a último momento”.
Finalmente, desde el sector adelantaron que continuarán evaluando medidas gremiales y legales de forma conjunta, aunque reconocen que las acciones judiciales contra el Estado nacional suelen demandar años, dejando un panorama de extrema incertidumbre tanto para los trabajadores despedidos como para los miles de afiliados que se quedaron sin atención presencial en la región.
