El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso apelaron hoy sus procesamientos en la causa que se investiga supuestas negociaciones incompatibles del primero de ellos por poseer acciones de la petrolera Shell.
Aranguren fue el primero en notificarse del procesamiento y luego apeló la decisión del juez Luis Rodríguez, actitud que siguió minutos después la referente del PRO.
El exministro calificó de erróneo el fallo del magistrado y aspira a revertirlo en la Cámara Federal que ahora revisará ambas apelaciones.
En la causa se investiga el rol de Aranguren en su paso por el ex-Ministerio de Energía y Minería y si afectó su desempeño el hecho de poseer acciones de la petrolera que supo dirigir, mientras que Alonso es cuestionada por una supuesta falta de control de esa situación.
La denuncia se originó en 2016 por una presentación de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.
Según acusaron, Aranguren entre 2003 y 2015 fue presidente de Shell, a la par que sería titular de acciones del Grupo Royal Dutch Shell Plc, por lo que existía una incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses en tanto la referida compañía petrolera participa activamente del mercado energético, cuya regulación y control le competía a él como ministro de Energía.
La sospecha es porque Aranguren ocupando un lugar en la empresa benefició a ésta con el aumento de tarifas dispuesto en 2016; pero también por la importación de gas desde Chile, favoreciendo a su vez a la firma Shell.
Además, la denuncia se centró en torno a que Aranguren convalidó un contrato donde Energía Argentina SA (ENARSA) habría comprado gas a Chile un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llegaría por barcos y un 128 por ciento mayor al abonado a Bolivia.
En su fallo, el juez Rodríguez aclaró, no obstante, que la acusación no es porque Aranguren haya trabajado en la empresa Shell, ni que tuviera acciones de la misma durante su gestión pública y evaluó los hechos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 23 de agosto de 2016, cuando finalmente se excusa de intervenir en los temas vinculados a la empresa shell.
La maniobra consistió, según explicó el juez, en que la distribuidora CAMMESA -la cual tiene participación estatal- compró en tan solo siete meses a la empresa Shell 16 cargamentos de gas oil por un total de 291.891.108,20 de dólares.
"Todo esto tuvo lugar en el marco de la actividad del imputado como Ministro de Energía y Minería y en la calidad que poseía como tal en CAMMESA, según el mentado Decreto N° 231/2015", añadió el juez.
Fuente: NA
