A dos meses del incendio que puso al descubierto el funcionamiento de una residencia clandestina para adultos mayores en José Gollán al 10.100, barrio Nuevo Horizonte, la investigación judicial continúa abierta y sumó en las últimas semanas una medida vinculada directamente con uno de los residentes.
El incendio ocurrió el 29 de julio y permitió rescatar a siete personas que permanecían alojadas en el establecimiento. Todas fueron trasladadas inicialmente al Hogar Beata Clara. Posteriormente, cinco de ellas fueron derivadas a otras residencias de PAMI o pudieron reencontrarse con sus familias, mientras que dos continúan alojadas en el hogar municipal.
Por el caso fueron imputadas dos personas: un cuidador y la propietaria del establecimiento, María Laura Milia Gamboa. La investigación contempla acusaciones por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, y Gamboa permanece actualmente en prisión preventiva.
La Justicia mantiene abiertas tres líneas de investigación
El fiscal Marcelo Nessier, actualmente a cargo de la investigación, confirmó a Veo Noticias que existen tres líneas investigativas relacionadas con el funcionamiento de la residencia.
Según explicó, por el momento no se avanzará con un juicio abreviado. Si bien esa alternativa no está descartada, la Fiscalía decidió continuar con la investigación antes de definir una salida procesal.
En ese marco, continúan las entrevistas con las víctimas y exempleados del establecimiento, mientras se procura determinar qué ocurrió antes y durante el período en el que funcionó la residencia.
La causa también tuvo un cambio en su conducción. Semanas atrás, el fiscal regional Jorge Nessier dispuso el apartamiento de los fiscales que inicialmente intervenían en el expediente, en medio de una investigación paralela de la Auditoría sobre el tratamiento que habían recibido denuncias previas por presuntos delitos vinculados al lugar.
Recuperaron la casa de uno de los residentes
Una de las novedades más recientes de la investigación fue la recuperación de la vivienda de Mario Rosales, uno de los adultos mayores que estaba alojado en la residencia de Gollán.
Rosales denunció posteriormenete que su casa se encontraba usurpada. Hace aproximadamente dos semanas se realizó una audiencia de cese del estado antijurídico, a partir de la cual se logró recuperar el inmueble.
La persona que ocupaba la vivienda solicitó un plazo de 15 días para retirarse y finalmente entregó las llaves. La Fiscalía indicó que no se pudo establecer hasta el momento si existe alguna relación entre esa persona y Gamboa.
La vivienda quedó bajo resguardo de una vecina y la Municipalidad de Santa Fe se hará cargo de su acondicionamiento, con el objetivo de que Rosales pueda regresar allí una vez que estén dadas las condiciones.
Sin embargo, desde el Municipio sostuvieron que no está confirmado, sino que están analizando cómo abordar los trabajos y los costos correspondientes.
Actualmente, el hombre permanece alojado en el Hogar Beata Clara, donde fue trasladado después del incendio.
La otra residencia vinculada a Gamboa permanece clausurada
En paralelo a la causa por el incendio, continúa la situación de otra residencia que estaba vinculada a Gamboa y que fue intervenida por la Municipalidad de Santa Fe.
Se trata del inmueble ubicado en Diez de Andino al 5800, en Cabaña Leiva, donde los inspectores municipales encontraron 11 adultos mayores alojados.
La Municipalidad dispuso una clausura preventiva luego de constatar que el establecimiento no contaba con habilitación municipal. Según explicó Magalí Crespo, directora ejecutiva de Control, los responsables habían sido intimados previamente para iniciar el trámite de regularización, pero no avanzaron con el procedimiento.
La funcionaria aclaró que la clausura municipal no implica el desalojo de los adultos mayores ni impide que continúen recibiendo atención y cuidados. El municipio interviene sobre la habilitación comercial, mientras que los aspectos médicos y sanitarios corresponden al Ministerio de Salud provincial.
La clausura permanecerá vigente hasta que el establecimiento regularice su situación y obtenga la habilitación correspondiente.
Durante las inspecciones también se detectaron irregularidades en el manejo de residuos domiciliarios y patológicos, además de otras infracciones vinculadas con las condiciones de funcionamiento.
El caso de Diez de Andino se mantiene así bajo una situación particular: el establecimiento fue clausurado por el municipio, pero los adultos mayores continúan alojados allí mientras se define su situación y se realizan las evaluaciones correspondientes.
