Este jueves por la mañana, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron una serie de allanamientos en el sur provincial en el marco de una investigación por amenazas e intimidación pública en escuelas. Los operativos se llevaron a cabo en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, donde fueron identificados tres menores de edad, uno de los cuales fue trasladado a una dependencia policial.
Investigación
La causa se originó a partir de la aparición de pintadas con mensajes amenazantes en los baños de la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda, en un contexto de reiteración de episodios similares en distintos puntos de la provincia. A partir de tareas investigativas y entrevistas, los agentes lograron identificar como presunto autor a un adolescente de 16 años, señalado además como posible instigador de este tipo de conductas.
En paralelo, se detectaron situaciones similares en la Escuela N° 206 de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, donde también se constataron pintadas intimidatorias. En estos casos, fueron identificados dos menores de 12 y 11 años.
Allanamientos
Como parte de la investigación, se realizaron procedimientos en los domicilios vinculados a los implicados. En Casilda se secuestró un teléfono celular; en Arteaga, un celular, una computadora y dos revólveres de juguete; mientras que en San José de la Esquina se incautó otro dispositivo móvil.
El menor de 16 años fue trasladado a sede policial para su identificación y notificación de la causa. Las medidas fueron ordenadas por la jueza penal Fabiola Piemonte a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rocío Cosgaya. En el caso de los otros dos menores, no se dispusieron acciones judiciales.
Intimaciones y costos
La investigación continúa para determinar el alcance de los hechos en distintos establecimientos educativos. En ese marco, el Gobierno provincial informó el envío de 39 intimaciones para recuperar los costos de los operativos policiales, que ascienden a unos 200 millones de pesos en la región centro-norte.
Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad inició acciones administrativas y patrimoniales para el recupero de esos gastos, independientemente del avance de la causa penal. Según datos oficiales, ya fueron identificadas 73 personas como presuntas responsables de estos episodios.
