El plan del Gobierno nacional para privatizar la administración de las principales carreteras del país superó una instancia decisiva. Vialidad Nacional informó que se emitió el dictamen de precalificación de las ofertas técnicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), un megaproyecto que comprende la explotación, administración y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas a lo largo y ancho de la Argentina.
De los veinte oferentes que se presentaron originalmente en la licitación, diecinueve superaron con éxito la rigurosa evaluación técnica de sus propuestas. Con este aval, las firmas avanzarán a la siguiente fase del proceso: la apertura del sobre con la oferta económica, instancia clave en la que finalmente se conocerá la tarifa de peaje propuesta por cada empresa para quedarse con los corredores.
Las rutas nacionales en Santa Fe que entran en el esquema
El proceso licitatorio tiene un fuerte impacto en la bota santafesina, ya que la Etapa III abarca corredores neurálgicos para la producción, el transporte de cargas y el caudal turístico de la provincia. Entre los tramos que dieron este nuevo paso hacia la concesión privada se destacan:
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Ruta Nacional 9: Autopista Rosario – Córdoba.
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Ruta Nacional 19: Autovía Santo Tomé – San Francisco.
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Ruta Nacional 34: Los tramos que van desde Rosario hasta Angélica (cruce con RN 19) y desde Angélica hasta La Banda (Santiago del Estero).
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Ruta Nacional 11: El extenso tramo que conecta la localidad de Nelson con Resistencia (Chaco).
Control por resultados y fin de los subsidios públicos
Desde el organismo vial precisaron que este nuevo modelo de gestión marcará un quiebre respecto de las administraciones anteriores. El esquema se desarrollará completamente sin subsidios del sector público, con el objetivo explícito de dejar atrás contratos deficitarios para el Estado y avanzar hacia un sistema autosustentable y más eficiente.
Bajo esta lógica, Vialidad Nacional dejará de financiar las obras directamente y pasará a cumplir un rol estrictamente supervisor. El organismo auditará los contratos mediante un esquema de control por resultados, exigiendo a las firmas privadas ganadoras el cumplimiento de metas concretas para garantizar calzadas seguras y niveles óptimos de servicio para los usuarios de las rutas.
