Recientes datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación ubicaron a la capital santafesina como la segunda ciudad con mayor cantidad de personas en situación de calle en Argentina, solo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ante este escenario, la diputada Natalia Armas Belavi insistió en la necesidad de que la provincia adhiera a la Ley Nacional N° 27.654 de protección integral.
El proyecto fue presentado por tercera vez en la Legislatura santafesina en febrero de este año. Anteriormente, la iniciativa perdió estado parlamentario en 2022 y 2024 al no ser tratada por las comisiones correspondientes.
Un reclamo que persiste en la Legislatura
La legisladora destacó que la preocupación por la vulnerabilidad en las calles locales es “legítima y urgente”, especialmente luego de que el informe oficial ratificara la concentración de personas en extrema vulnerabilidad en la capital provincial. “La provincia no puede gestionar esta crisis en soledad”, enfatizó la diputada y médica santafesina.
Como antecedente, Armas Belavi recordó que en 2020 obtuvo media sanción para un proyecto sobre “Paradores y Casas Abiertas”, pero la iniciativa caducó en el Senado por falta de tratamiento.
Los ejes de la Ley de Protección Integral
La adhesión a la normativa nacional busca garantizar derechos fundamentales a través de diversos mecanismos operativos:
Gestión intersectorial: coordinación obligatoria entre las áreas de salud, vivienda y educación para un abordaje integral.
Acceso a la salud: prioridad en tratamientos de salud mental y discapacidad para personas en riesgo de calle.
Transparencia y monitoreo: colaboración en el censo nacional para obtener diagnósticos precisos y asignar recursos de manera eficiente en Santa Fe.
Para la diputada, el tratamiento de esta ley es una prioridad que no admite más demoras para revertir la situación de precariedad habitacional en la región.
