El fenómeno del sobreendeudamiento de las familias argentinas llegó al recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Este jueves, los legisladores aprobaron un proyecto que reclama al Gobierno nacional y al Banco Central de la República Argentina la implementación de medidas urgentes para prevenir y controlar una problemática que, según advirtieron, crece al ritmo de la crisis económica.
La diputada provincial Gisel Mahmud explicó que la iniciativa apunta a que el Estado nacional intervenga con regulaciones más estrictas sobre las entidades y plataformas que otorgan préstamos de manera rápida y sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago de quienes los solicitan.
“Las estadísticas muestran que cada vez hay más familias que antes recurrían a un crédito para financiar un proyecto a largo plazo, como una vivienda, un auto o la educación de sus hijos. Hoy, en cambio, lo hacen para sobrevivir y llegar a fin de mes”, señaló la legisladora.
Según detalló, gran parte de esos préstamos se destinan actualmente a gastos corrientes como la compra de alimentos, ropa, medicamentos, el pago de alquileres o servicios básicos.
Créditos con un clic y sin controles
Mahmud cuestionó especialmente el crecimiento de los préstamos otorgados a través de billeteras virtuales y plataformas digitales.
“Hay agentes que prestan dinero sin revisar si la persona puede pagarlo. Hoy se puede sacar un préstamo millonario con un clic, sin una evaluación seria de la situación económica del solicitante”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el Banco Central cuenta con herramientas regulatorias para controlar este tipo de operatorias y pidió que asuma un rol más activo frente a la problemática.
La “rueda” del endeudamiento
La diputada describió además el círculo del que muchas familias no logran salir: el pago mínimo de las tarjetas de crédito, la toma de nuevos préstamos para cancelar deudas anteriores y el incremento constante de los intereses.
“Es una rueda de nunca acabar. Muchas personas tienen que endeudarse para pagar deudas viejas y quedan atrapadas en un circuito del que no pueden salir”, afirmó.
Para Mahmud, si bien existe una decisión individual al momento de asumir una deuda, no se puede analizar el problema desconociendo el contexto económico.
“No podemos simplemente echarle la culpa a la gente. Sabemos que ir al supermercado, pagar los servicios, el agua, la luz o una obra social se volvió cada vez más difícil para las familias”, expresó.
Educación financiera y monitoreo oficial
El proyecto aprobado también reclama la implementación efectiva de programas de educación financiera, una herramienta que ya está contemplada en la legislación nacional pero que, según la legisladora, aún no se desarrolla plenamente.
Además, propone generar indicadores oficiales que permitan medir la evolución del sobreendeudamiento y diseñar políticas públicas acordes a la magnitud del problema.
“Necesitamos monitorear cómo avanza este fenómeno para saber qué medidas tomar y cómo ayudar a quienes están en una situación límite, donde para pagar sus deudas tienen que dejar de comer”, advirtió.
Una futura herramienta para reorganizar deudas
Durante la entrevista, Mahmud también hizo referencia a otro proyecto que impulsa dentro del futuro Código de Protección de Consumidores y Usuarios de Santa Fe.
La iniciativa propone crear un mecanismo para que las personas y familias sobreendeudadas puedan presentar formalmente su situación económica ante una oficina especializada del Estado provincial y negociar en conjunto con todos sus acreedores.
“Hoy las empresas pueden recurrir a un concurso de acreedores cuando no pueden afrontar sus pagos. Para una persona o una familia ese procedimiento no existe. Queremos generar una herramienta que les permita reorganizar sus deudas y construir una salida posible”, explicó.
Para la legisladora, el sobreendeudamiento no debe analizarse únicamente como una cuestión financiera individual, sino como una consecuencia de problemas económicos más profundos.
“Estamos frente a un fenómeno social, económico y financiero que tiene relación con la pérdida de empleo, el cierre de pymes, el aumento de los servicios y la pérdida del poder adquisitivo. La solución de fondo pasa por mejorar esas condiciones”, concluyó.
