El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por el presunto delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” al no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la ex diputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.
El fiscal federal abrió una investigación preliminar después de que Infobae publicara el contenido de ese informe. Además solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos: primero fue el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quien ratificó los informes elaborados por el organismo. Explicó que los contenidos son “estadísticos” y no nominales por el “secreto fiscal” al que está impuesto el organismo recaudador; y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento.
La aclaración era por las críticas públicas que había realizado la ex diputada nacional. Aun conociendo la legislación -es contadora-, en conferencia de prensa dijo que la AFIP no había proporcionado la identidad de los titulares del plan social que, por ejemplo, tenían autos con menos de un año de antigüedad, había comprado dólares y disfrutaban de más de una propiedad. Todas incompatibilidades manifiestas.
El miércoles fue el turno de Juan Manzur, el jefe de Gabinete., quien declaró por escrito: respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en Tolosa Paz.
Manzur aclaró que, si bien conocía el contenido del trabajo de la AFIP sobre el listado de titulares del Potencial Trabajo, más de 1.300.000, y “los requisitos” para ser excluidos del programa, respondió: “De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el ‘Potenciar Trabajo’, como así también la aprobación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos”.
La “autoridad de aplicación” es el ministerio de Desarrollo Social al frente del cual está, desde el 13 de octubre, Tolosa Paz. La precedieron en el cargo Daniel Arroyo, y Juan Zabaleta.
Dentro de esa cartera, el Programa Potenciar Trabajo funciona bajo la orbita de la Secretaría de Desarrollo Social comandada por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El dirigente social administrará en 2023 -como lo hace ahora- fondos multimillonarios. En total, $594.285.915.597; un presupuesto más alto que el destinado a las políticas alimentarias, que es de $442.755.687.402; y casi la mitad de la partida presupuestaria que para el próximo año autorizó el Congreso para el ministerio de Tolosa Paz en un año electoral: $1.169.156.152.175, es decir más de un billón de pesos.
Marijuán le reprocha a la ministra que, ante el informe de la AFIP no cumplió con su función de dar de bajas a esos titulares o al menos solicitar que se releve del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.
En ese trabajo, la AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)”.
Tolosa Paz recién solicito al Juez Federal Julián Ercolini que releve a la AFIP del secreto fiscal el lunes pasado, una vez que Marijuán avanzó en su Investigación Preliminar: ya había tomado declaración testimonial a Castagneto; había citado a Manzur y había escuchado las testimoniales de los responsables que administran el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos públicos nacionales y provinciales.
Según las normas vigentes, Desarrollo Social no debe liberar los haberes del Potenciar Trabajo a sus titulares hasta que el SINTyS informe que no hay incompatibilidades. Las incompatibilidades las determina Desarrollo Social, a través de la resolución 121/2020.
Por eso, al declarar ante Marijuán, Castagneto explicó que, para elaborar sus informes: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes, pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.
Ante otra pregunta del fiscal, el funcionario también dejó en claro que: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Como Manzur, también dejó en claro que esa era tarea de Tolosa Paz y, para mayor precisión subrayó: “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes Potenciar Trabajo”.
El fiscal Guillermo Marijuán tiene acreditado que, recién una vez que Infobae publico el informe estadístico de la AFIP con la probables incompatibilidades en el cobro de ese plan, la ministra volvió a requerir un nuevo entrecruzamientos de datos al ente recaudador. Para eso envió la base de datos del Potenciar Trabajo con una cantidad menor de titulares, se habían dado de baja a más de 20.000 y se realizaron preguntas distintas a la que hizo su antecesor Zabaleta.
Una fuente de la fiscalía federal número 9 lo explicó así: “Lo que hizo Toloza Paz fue pedir otro entrecruzamiento con menos ítems a considerar. Por ejemplo, en el segundo informe no se consignaron los que tenían declaración de bienes personales o declaraciones juradas de impuestos porque ella ya no los pidió” y aclara: “La ministra debió actuar completamente con el primer informe y no lo hizo”.
Estas son algunas de las razones por las que el fiscal federal está convencido de Victoria Tolosa Paz “se apartó de su responsabilidad” razón por la cual la denunciará a ella y a los responsables del Potenciar Trabajo por presunto “mal desempeño de funcionario público”.
la denuncia penal de Guillermo Marijuán será sorteada por Cámara Federal, y la responsabilidad de imputar algún delito a Tolosa Paz y/o otros funcionarios recaerá en un magistrado y un nuevo fiscal. Por conexidad, la causa también puede aterrizar en el juzgado de Julián Ercolini quien, junto al fiscal Eduardo Taiano ya investigan las presuntas irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo denunciado por el diputado Wado Wolf y una segunda denuncia que también presentó Marijuán en el mismo sentido. La novedad, en este último caso, es que el fiscal la acusa a Tolosa Paz de haberse “apartado” de las normas.
Fuente: Infobae
