La causa por los viveros de marihuana descubiertos en la localidad de Arroyo Leyes y macrocentro de Santa Fe, que tuvo un fuerte impacto mediático en 2024, tuvo un giro hoy cuando debía comenzar el jucio. Según confirmó a Veo Noticias el abogado defensor de cinco de los imputados, se arribó a acuerdos abreviados para seis de los acusados, mientras que sólo uno de ellos enfrentará un juicio oral y público.
Los imputados Claudio Zambón, Sebastián Benítez, Franco Cardo, Nicolás Persoglia y Luciano Poncio aceptaron la vía del juicio abreviado, lo que implica una admisión de responsabilidad a cambio de una pena previamente pactada con la fiscalía. En paralelo, también se resolvió de la misma manera la situación de otro de los acusados, identificado como Ceresole.
De esta manera, el único que llegará a la instancia de debate será Nudel, quien es representado por el abogado Díaz Duarte, sindicado como el líder de la estructura. En su caso, la defensa no aceptó las condiciones del abreviado y buscará dirimir responsabilidades en un juicio oral.
La investigación tuvo como punto central el allanamiento del 13 de febrero de 2024 en un predio de casi cuatro hectáreas en el kilómetro 19 de la ruta provincial N°1, en Arroyo Leyes. Allí, la Policía Federal halló 1.531 plantas de cannabis sativa, insumos de cultivo, fertilizantes, insecticidas, luminarias, además de armas de fuego, municiones, handies y un chaleco antibalas.
Al día siguiente, se realizó otro procedimiento en una vivienda de calle Santiago del Estero al 3600 de Santa Fe, donde se incautaron 575 plantas distribuidas en un sofisticado invernadero indoor, con sistema de climatización y 75 lámparas de horticultura. También se encontraron inscripciones del INASE a nombre de Osvaldo Ceresole, presunto responsable de gestionar permisos como “fachada” para las plantaciones.
La fiscalía sostiene que la estructura era liderada por Nudel, quien organizaba las actividades y delegaba funciones en su lugarteniente Zambón. Ambos habrían coordinado la logística con otros acusados, entre ellos Nerbutti, Benítez, Cardo y Persoglia. El permiso del INASE, señalaron los fiscales, funcionaba como un “engañoso amparo legal” para encubrir cultivos destinados al tráfico de estupefacientes.
Además de las plantas, se secuestraron $1,4 millones, 700 dólares, armas y municiones en distintos domicilios vinculados a los imputados.
