El Gobierno nacional giró al Congreso dos proyectos de ley vinculados a la salud mental y al control de las pensiones no contributivas por invalidez. Las iniciativas fueron presentadas el viernes tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El primero de los proyectos propone modificar la normativa vigente en salud mental con el objetivo de actualizar el funcionamiento del sistema y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo. Desde el Ejecutivo señalaron que la reforma apunta a fortalecer la prevención, el tratamiento y la inclusión de las personas con trastornos mentales, además de corregir dificultades detectadas en la aplicación de la ley actual.
Entre los cambios planteados, se destaca una mayor centralidad del enfoque médico en la evaluación y abordaje de los casos, con un rol más relevante para profesionales especializados en psiquiatría. También se propone reemplazar términos como “padecimiento mental” por definiciones basadas en estándares internacionales, con el fin de lograr mayor precisión diagnóstica.
El proyecto introduce además modificaciones en los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se plantea la noción de “riesgo grave para la vida o la integridad física”, lo que permitiría ampliar las posibilidades de intervención preventiva. A su vez, establece que la internación debe ser una medida excepcional, sujeta a evaluaciones interdisciplinarias y con control judicial.
Otro de los ejes es la reorganización del sistema de atención, contemplando distintos niveles de complejidad e incluyendo tanto hospitales generales como instituciones especializadas, públicas y privadas. También se incorpora la prohibición de rechazar pacientes por motivos de salud mental, al considerarlo un acto discriminatorio.
En paralelo, el Ejecutivo envió un segundo proyecto enfocado en las pensiones por invalidez, con el objetivo de prevenir y sancionar posibles fraudes. Según datos oficiales, este tipo de beneficios creció de manera sostenida en las últimas dos décadas, lo que motivó auditorías que detectaron irregularidades en algunos casos.
La iniciativa propone la implementación de controles periódicos, el cruce de información entre organismos estatales y la creación de mecanismos para suspender beneficios ante incumplimientos. También establece un proceso obligatorio de reempadronamiento para actualizar los datos de los titulares.
Asimismo, se fija que la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y se determinan incompatibilidades con el empleo formal. Desde el Gobierno sostienen que las medidas buscan garantizar una asignación más eficiente de los recursos, sin afectar los derechos de quienes cumplen con los requisitos legales.
