Después de dos semanas de escasa actividad parlamentaria, el Gobierno nacional reactivó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas de la Cámara de Diputados y avanzó con el cronograma para tratar el Presupuesto 2027. Según lo acordado en una reunión entre representantes del oficialismo, la oposición dialoguista y funcionarios del Poder Ejecutivo, el proyecto llegará al recinto el miércoles 25 de noviembre.
El entendimiento contempla firmar el dictamen el martes 17, aunque durante el encuentro las conversaciones estuvieron centradas principalmente en el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y no en los detalles del presupuesto.
De la reunión participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal). Desde uno de los bloques aliados señalaron que lo más importante fue la ratificación del cronograma de trabajo.
Una sesión previa con varios proyectos
Antes del debate del Presupuesto, el oficialismo buscará convocar a una sesión para el miércoles 18 de noviembre. Allí se tratarán, además de la iniciativa sobre Defensa de la Soberanía de Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA).
También se incorporarán dos convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires vinculados con la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.
Uno de los principales puntos de discusión es el Título VII del proyecto de Malvinas. Desde los bloques opositores plantearon la posibilidad de eliminarlo por completo, mientras que la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica, Paula Taddei, se comprometió a revisar y modificar algunos artículos. Sin embargo, el oficialismo no aceptó retirar todo el apartado.
La controversia gira en torno a disposiciones que definen las campañas de injerencia extranjera y establecen mecanismos para investigar acciones destinadas a alterar procesos electorales o condicionar decisiones de las autoridades nacionales.
Algunos legisladores aliados advirtieron que la redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones no gubernamentales. Además, señalaron que el apartado podría ser rechazado en el recinto si no reúne los 129 votos afirmativos necesarios, debido a que incluye modificaciones al Código Penal y al régimen de partidos políticos.
Los reclamos de los aliados y las provincias
En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones sobre distintos pedidos de los bloques que acompañan sus iniciativas parlamentarias.
Uno de los acuerdos que ya consiguió el PRO fue la prórroga del régimen de promoción de la industria autopartista. El beneficio contempla herramientas fiscales como la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y una alícuota del 0% de derechos de exportación para determinados productos hasta 2032. La medida tiene impacto en sectores industriales de Córdoba, Santa Fe y Zárate.
Otro de los temas en discusión es el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar con los gobernadores una compensación por los recursos recaudados mediante ese tributo.
Las provincias reclaman una reducción del impuesto, al sostener que el Gobierno no destina los fondos de acuerdo con la asignación específica prevista para el mantenimiento de las rutas nacionales. También cuestionan el incremento de los subsidios al transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras los servicios del interior enfrentan mayores costos.
Por su parte, el PRO mantiene pendiente el reclamo por la regularización de las deudas de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una cuestión que negocian el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también lleva adelante gestiones con la Nación para reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA aplicada a los huevos y sus derivados.
Entre los pedidos que todavía no tuvieron respuesta figuran los cambios a la Ley de Biocombustibles, con el objetivo de proteger a las pequeñas y medianas empresas del sector, y mayores garantías de transparencia en las concesiones viales.
Universidades, ciencia y discapacidad, en la agenda de Argentina Federal
Otro frente de negociación corresponde a los legisladores de Argentina Federal, que buscan compromisos concretos del Gobierno en materia de financiamiento público.
Entre sus principales demandas se encuentran un aumento de los fondos destinados a Ciencia y Tecnología, garantías para el financiamiento universitario y la eliminación de los artículos originales del Presupuesto que planteaban recortes en el área de Discapacidad.
También reclaman una ampliación de las partidas destinadas al cumplimiento de la Ley de Bosques, un tema que genera especial preocupación entre los representantes de Misiones.
Con este escenario, el oficialismo buscará sostener los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar primero con los proyectos previstos para el 18 de noviembre y, una semana después, llevar al recinto el Presupuesto 2027. Las negociaciones con los bloques aliados continuarán durante los próximos días.
