El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un conjunto de proyectos de ley que incluyen la reforma del Código Penal y modificaciones vinculadas a la propiedad privada. Según trascendió, las iniciativas podrían ingresar este viernes al Palacio Legislativo, en un intento del oficialismo por retomar la iniciativa política y marcar el ritmo del debate parlamentario.
Desde la Casa Rosada habrían adelantado la fecha a las autoridades del Congreso, entre ellas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aún resta definir si los proyectos serán presentados de manera individual o como un paquete legislativo.
El vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado que uno de los ejes centrales será la modificación del Código Penal, con foco en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Entre los puntos en análisis se encuentra la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, equiparándolos a los de lesa humanidad.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa un conjunto de reformas vinculadas a la propiedad privada. Allí se incluyen cambios en la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de manejo del fuego. En este último caso, una de las modificaciones apuntaría a eliminar las restricciones que impiden cambiar el uso de tierras incendiadas durante varias décadas, una medida que originalmente buscaba desalentar incendios intencionales.
Mientras tanto, en el Congreso continúan en agenda otros proyectos sensibles, como la reforma de la ley de glaciares —que ya tiene audiencias públicas previstas para fines de marzo— y las iniciativas sobre discapacidad y financiamiento universitario. Estas últimas fueron aprobadas en 2025, vetadas por el Ejecutivo y posteriormente ratificadas por el Parlamento, aunque su implementación sigue en discusión.
En relación con el financiamiento universitario, el oficialismo evalúa cambios en el mecanismo de actualización presupuestaria y en la recomposición salarial de docentes y no docentes. La propuesta en estudio contempla incrementos en tramos, por debajo de la inflación acumulada, lo que genera cuestionamientos desde distintos sectores.
Respecto a la ley de discapacidad, no se difundieron detalles del nuevo proyecto, aunque desde el Gobierno señalaron que buscará adecuar el esquema de prestaciones al objetivo de equilibrio fiscal, un punto que también genera preocupación entre organizaciones vinculadas al sector.
Con este paquete de iniciativas, el Ejecutivo busca abrir una nueva etapa en la discusión legislativa, en un escenario atravesado por tensiones políticas y debates sobre el alcance de las reformas.
