A escasos días de la inauguración oficial del nuevo edificio anexo de Tribunales en la ciudad de Santa Fe, programada para el próximo 30 de junio de 2026, estalló un severo conflicto institucional que sacude los cimientos del Poder Judicial santafesino. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió elevar la apuesta en su disputa con la Corte Suprema de Justicia de la provincia e interpuso un nuevo “recurso de revocatoria” con el objetivo de frenar de manera inmediata cualquier reasignación de oficinas.
El reclamo, que cuenta con el respaldo y la acción conjunta del Ministerio Público de la Defensa (MPD), exige que se respeten los espacios que originalmente les habían sido adjudicados en el año 2021. Para evitar que el traslado de otras dependencias se materialice, el MPA solicitó formalmente una medida cautelar administrativa de “no innovar”, lo que congelaría la mudanza hasta tanto se resuelva el fondo de la controversia.
Los tres ejes de la impugnación del MPA
El recurso presentado por el órgano fiscal expone argumentos de extrema gravedad institucional y legal, fundamentados en normativas constitucionales y financieras:
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Arbitrariedad y desconocimiento de acuerdos previos: El MPA impugnó las Actas Acuerdo n° 4 y n° 23 de la Corte Suprema, mediante las cuales el máximo tribunal santafesina modificó de forma unilateral la distribución edilicia. Desde la Fiscalía señalan que esta medida desconoce de manera arbitraria los convenios preexistentes que ya les habían otorgado una superficie total de 2.582 m², distribuidos estratégicamente entre el subsuelo, el cuarto y el quinto piso del nuevo Palacio de Justicia.
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Violación a la Constitución Provincial: El escrito judicial hace foco en la reciente reforma constitucional de 2025. Específicamente, el MPA invoca la Cláusula Transitoria Décimo Sexta, la cual prohíbe explícitamente alterar el uso asignado y el destino de los inmuebles afectados al Ministerio Público sin su consentimiento expreso; un requisito que, según denuncian, fue omitido por la Corte.
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Presunto desvío ilegal de fondos públicos: Otro de los puntos más polémicos radica en el financiamiento de la obra. El MPA argumenta que el anexo se edificó mediante un crédito específico aprobado por la Ley Provincial 13.543, cuyo destino exclusivo y determinado era la construcción del “Centro de Justicia Penal de Santa Fe”. Por lo tanto, el organismo advierte que mudar allí a otros fueros ajenos a la materia penal —como el fuero Laboral— constituye una ilegalidad manifiesta al desvirtuar el proyecto arquitectónico y el fin público para el cual fueron aprobados esos recursos financieros.
Una medida de “no innovar” ante un daño “irreparable”
Dada la inminencia de la inauguración, fijada para este martes, el MPA fundamentó la necesidad de la medida de “no innovar” bajo la figura del periculum in mora (peligro en la demora). Los fiscales sostienen que si los juzgados de otros fueros comienzan a ocupar los espacios en disputa, el daño para el funcionamiento del sistema de justicia penal será irreversible, tornando ilusoria cualquier resolución posterior que les dé la razón.
El conflicto promete no quedarse en el ámbito provincial. Hacia el cierre del documento, el MPA dejó asentada la “reserva del Caso Federal”. Esto significa que, en caso de recibir un revés por parte de las autoridades judiciales de Santa Fe, el organismo recurrirá de manera directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante tribunales internacionales, denunciando lo que consideran un avasallamiento institucional que lesiona gravemente la división de poderes y el acceso a la justicia de los ciudadanos.
