Seis policías que prestaban funciones en la Comisaría 8ª fueron imputados este viernes por la muerte de Mauro González, el joven que falleció mientras permanecía detenido en esa dependencia policial el 17 de enero de 2026. El fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, les atribuyó los delitos de apremios ilegales, tormentos y tormentos seguidos de muerte.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público de la Acusación también imputó a los seis efectivos por un hecho de apremios ilegales y tormentos contra un menor de edad, ocurrido en circunstancias que, según la investigación, presentan similitudes con las registradas en el caso González.
La causa se originó tras la detención de Mauro González frente a su vivienda, en barrio Yapeyú, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto desorden en la vía pública. Desde el inicio, sus familiares denunciaron que el procedimiento estuvo atravesado por un uso excesivo de la fuerza y sostuvieron que el joven fue víctima de violencia institucional.
En el expediente judicial se incorporaron testimonios de vecinos que aseguraron haber presenciado agresiones durante el operativo policial, además de registros de cámaras de seguridad, fotografías y videos que buscan reconstruir la secuencia de los hechos desde el momento de la aprehensión.
La investigación también determinó que, tras ser detenido, González fue trasladado a distintas dependencias policiales antes de ser examinado por un médico. Ese control dejó constancia de lesiones que requerían varios días de recuperación. Posteriormente, fue alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª.
Uno de los aspectos centrales de la pesquisa es que el fiscal que intervino inicialmente había ordenado su liberación alrededor de las 22.40 de ese mismo día. Sin embargo, la disposición nunca fue ejecutada. Horas más tarde, cuando el personal policial se disponía a notificarlo para concretar su libertad, González fue hallado sin vida dentro de la celda.
A raíz del fallecimiento, el expediente pasó de la Fiscalía de Homicidios a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota, el estándar internacional utilizado para investigar muertes ocurridas bajo custodia del Estado y determinar si existieron responsabilidades estatales.
La familia de Mauro González interviene en la causa como querellante, con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Su planteo apunta a que la investigación no solo esclarezca las circunstancias de la muerte, sino también el procedimiento de detención, el traslado, la atención médica recibida y las eventuales omisiones de los agentes que tenían a su cargo la custodia del detenido.
Con la imputación formal de los seis policías, la causa ingresa ahora en una nueva etapa procesal, en la que la Fiscalía buscará reunir y profundizar las pruebas para establecer las responsabilidades penales por la muerte de Mauro González mientras permanecía bajo custodia policial.
