La Armada Argentina llevó a la Justicia Federal una investigación interna que detectó 645 acreditaciones irregulares de haberes por un total de $981.148.567,88. Las operaciones se habrían producido entre julio de 2022 y enero de 2026 y, hasta el momento, la denuncia identifica a 23 personas como beneficiarias o involucradas en las maniobras.
El caso comenzó a ser detectado en febrero de este año, cuando una revisión de los haberes correspondientes a enero permitió advertir que cinco integrantes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. Los fondos fueron devueltos y, a partir de esa primera señal, la Armada decidió ampliar el análisis hacia períodos anteriores.
La revisión encontró diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina para realizar las acreditaciones. Según la presentación judicial, se detectaron pagos que no figuraban en las liquidaciones, importes incluidos en los archivos bancarios que luego no aparecían en los recibos, duplicaciones y transferencias a personas cuya relación con la fuerza no pudo determinarse inicialmente.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con la denuncia, las irregularidades se producían en una etapa intermedia del proceso de pago de haberes. Los controles se realizaban sobre las liquidaciones, pero antes de enviar la información definitiva al Banco Nación determinados registros podían ser modificados para aumentar importes o incorporar pagos que no contaban con respaldo en las liquidaciones originales.
La investigación sostiene que, una vez confeccionados los archivos destinados al banco, los registros eran nuevamente modificados para recuperar sus valores originales. De esa manera, las alteraciones no quedaban reflejadas en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web, mientras que el banco recibía instrucciones para acreditar montos diferentes.
La auditoría determinó que las operaciones bajo sospecha comenzaron en julio de 2022 y continuaron hasta enero de 2026. Según los investigadores, la reiteración de las acreditaciones, la repetición de determinados beneficiarios y las modificaciones realizadas después de los controles resultan incompatibles, en principio, con simples errores administrativos.
La Armada conformó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. También se preservaron los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos de pago y se realizó una comparación individual y mensual entre los registros internos y las acreditaciones bancarias.
Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron más de $434 millones
Entre las 23 personas mencionadas en la denuncia hay militares en actividad y retirados, personal civil, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada.
Estas últimas habrían recibido en conjunto $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado.
La presentación judicial detalla que una persona de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86; otra, 47 pagos por $99.496.225,47; una tercera, 46 por $91.978.048,38; y una cuarta mujer, 45 acreditaciones por $90.466.948,33.
En total, las cuatro personas recibieron 184 acreditaciones.
La investigación ubica al capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista, como uno de los principales involucrados. Prieto, quien recibió el monto individual más elevado, es su esposa.
Según consta en las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido conocer las acreditaciones efectuadas a personas externas a la fuerza y señaló que los pagos se cargaban manualmente. La denuncia sostiene además que habría indicado que él determinaba beneficiarios y montos.
La responsabilidad penal de cada uno de los involucrados deberá ser establecida ahora por la Justicia.
También investigan otros pagos
El expediente incorpora otras situaciones consideradas sospechosas. Entre ellas figura el caso de un capitán de Corbeta Contador que habría recibido determinados haberes en Argentina mientras se encontraba cobrando por una misión en el exterior.
Según la investigación, el sistema excluye automáticamente de los pagos locales al personal destinado fuera del país, por lo que esas acreditaciones habrían requerido una intervención manual.
También se detectaron pagos destinados presuntamente a la esposa de ese uniformado durante un período en el que se encontraba con licencia sin goce de haberes. Las personas involucradas brindaron distintas explicaciones sobre el conocimiento y el destino de los fondos, cuestiones que deberán ser analizadas durante la investigación judicial.
Cuánto dinero fue devuelto
Una parte de los fondos cuestionados ya fue reintegrada. La denuncia señala que hasta el momento de su presentación se habían recuperado $42.574.267,63.
De esta manera, sobre los casi $981 millones detectados inicialmente, permanecían pendientes de devolución $938.574.300,25.
La Armada aclaró que los reintegros no modifican el monto histórico de las operaciones consideradas irregulares, sino que permiten identificar cuánto dinero fue recuperado.
Cambiaron el circuito de pago y relevaron al principal acusado
Luego de detectar las primeras irregularidades, la Armada modificó el procedimiento utilizado para realizar las acreditaciones. Desde marzo, la gestión de los pagos ante el Banco Nación pasó al Departamento Tesorería y se estableció que el área de Contabilidad realizara una conciliación independiente de la cuenta utilizada.
El vínculo entre Atanasoff y las operaciones investigadas apareció posteriormente, cuando la auditoría histórica identificó a Prieto entre los beneficiarios y confirmó su relación matrimonial con el oficial.
A partir de ese momento, Atanasoff fue relevado preventivamente y se preservaron los equipos informáticos utilizados para preparar y transmitir los archivos al banco.
La fuerza también separó las funciones vinculadas con la liquidación de haberes, la acreditación bancaria y la conciliación de las cuentas, con el objetivo de reforzar los controles internos.
La denuncia quedó en manos de la Justicia Federal
La presentación fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
La denuncia incorporó informes técnicos, documentación administrativa, registros del Banco Nación, planillas con las operaciones detectadas, actas relacionadas con los equipos informáticos y declaraciones tomadas durante el sumario.
La investigación judicial deberá establecer ahora el destino de los fondos, la participación concreta de cada uno de los involucrados y si existen otras personas vinculadas con el mecanismo.
Por el momento, la investigación interna estableció un piso de 645 acreditaciones cuestionadas, 23 personas identificadas y casi $1.000 millones involucrados durante un período que abarca más de tres años.
