La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusó a dos jueces de la Sala VIII y solicitó la nulidad del fallo que restituyó la vigencia de artículos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El planteo apunta contra la sentencia dictada el 23 de abril, que devolvió la aplicación a 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que habían sido suspendidos por una medida cautelar previa. En ese sentido, la central sindical también pidió, de manera subsidiaria, que se revoque la resolución.
La ofensiva judicial se produce luego de que la Cámara otorgara efecto suspensivo a la apelación presentada por el Ejecutivo, dejando sin efecto inmediato la decisión del juez de primera instancia Raúl Horacio Ojeda, quien había frenado la implementación de la norma.
En su presentación, firmada por el abogado Pablo Topet, la CGT desarrolló dos ejes centrales: por un lado, cuestionó la imparcialidad de los magistrados intervinientes; por el otro, denunció que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir en el expediente, lo que —según sostuvo— invalida la sentencia.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre el juez Víctor Arturo Pesino, a quien la CGT acusa de haber sido “beneficiado” por el Gobierno a partir de un trámite para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años. Según el escrito, esa situación compromete su independencia y configura una causal objetiva de apartamiento.
La central también recusó a la camarista María Dora González por presunto prejuzgamiento, al considerar que los jueces adelantaron opinión sobre el fondo del caso al evaluar la situación de los trabajadores alcanzados por la norma.
Además, el documento plantea que la intervención de la Sala VIII vulneró el principio de competencia funcional, ya que la causa debía ser tramitada por otra sala del tribunal. Según la CGT, esta irregularidad afectó el derecho de defensa al impedirle cuestionar a tiempo la actuación de los magistrados.
En paralelo, la organización sindical presentó un recurso de reposición “in extremis”, al considerar que la resolución judicial “carece de fundamento” y genera un perjuicio inmediato para los trabajadores, especialmente en materia de derechos laborales, negociación colectiva e indemnizaciones.
La CGT advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, avanzará con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podría recurrir a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo.
El conflicto judicial se da en medio de la pulseada entre el Gobierno y el movimiento sindical por la reforma laboral, una de las principales iniciativas oficiales, que desde el sector gremial consideran regresiva en términos de derechos y garantías para los trabajadores.
