En el marco del proceso de reforma constitucional que se debate en la provincia de Santa Fe, jueces, fiscales, defensores y representantes del Colegio de Abogados manifestaron su respaldo a la inclusión del Consejo de la Magistratura como órgano permanente en el nuevo texto constitucional.
Durante una serie de encuentros institucionales y foros organizados por distintos sectores del Poder Judicial y asociaciones profesionales, se destacó la importancia de establecer un mecanismo transparente, plural y meritocrático para la designación y remoción de magistrados.
“Es muy importante institucionalizar dentro del texto de la Constitución la formación y la designación de quienes van a estar a cargo de brindar el mejor servicio de justicia en la provincia. El Consejo de la Magistratura ha demostrado ser una herramienta útil para garantizar una justicia más independiente y eficiente. Incorporarlo a la Constitución provincial sería un paso clave hacia una institucionalidad más sólida”, señaló Balbina Cavalieri, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Santa Fe.
Consenso transversal
La propuesta cuenta con un amplio respaldo político e institucional, y se encuentra entre los temas centrales que promueven distintos bloques legislativos como parte del debate por una reforma integral de la Carta Magna, vigente desde 1962.
Por su parte, desde el Colegio de Abogados de Santa Fe recordaron que la provincia es una de las pocas que aún no ha consagrado constitucionalmente este tipo de organismo. “Es hora de modernizar la estructura judicial y dotarla de herramientas que fortalezcan la independencia y el control ciudadano”, remarcaron en un comunicado reciente.
Qué es el Consejo de la Magistratura
Se trata de un ente colegiado encargado de evaluar antecedentes, tomar exámenes y proponer ternas para la designación de jueces. En varias provincias argentinas y a nivel nacional, su creación está contemplada en las constituciones locales como garantía de imparcialidad en la selección de funcionarios judiciales.
Actualmente, en Santa Fe, el funcionamiento del Consejo se encuentra regulado por leyes ordinarias, lo que implica que puede ser modificado por mayorías simples en la Legislatura, algo que los impulsores de la reforma consideran inadecuado para un organismo clave del sistema republicano.
