Por Juan Trento
Este lunes, Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, estuvo en La Verdad, donde se abordaron temas vinculados a su gestión y a los cambios progresivos implementados de forma articulada con la administración del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Entre los asuntos tratados se destacan la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad —en respuesta a la delicada situación provincial en materia de narcotráfico y violencia, especialmente en el sur santafesino—, la implementación del juicio por jurados, la nueva administración penitenciaria, y la reforma en la ejecución penal. También se abordó la aplicación de la Ley de Microtráfico y la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que pasará a depender del Ministerio Público de la Acusación. Finalmente, se discutió la esperada reforma constitucional, que incluirá a la Seguridad Pública como derecho y modificaciones al Consejo de la Magistratura.
– Dr. Mascheroni, ¿la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad ha resultado favorable en términos de gestión?
– Entiendo que sí. Los resultados y las estadísticas indican que fue una decisión acertada. La organización ministerial es una facultad política del Ejecutivo, que diseña el funcionamiento del Estado en base a sus prioridades. En lo que respecta a la justicia penal, con los conocidos problemas de seguridad pública, la unificación permitió mayor celeridad y capacidad de acción. Se creó una Cámara de Ejecución Penal y se impulsaron cambios sustanciales en la ejecución de las penas. También avanzamos con la nueva ley de Microtráfico y, desde junio, se implementará el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que dependerá del Ministerio Público de la Acusación.
Nuestro sistema penal tiene ya 11 años de vigencia –desde el 10 de febrero de 2014– y fue conformado por el MPA y su contraparte, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Ese código fue sancionado entre 2006 y 2007, durante el segundo mandato del gobernador Jorge Obeid, y entró en vigencia durante la gestión de Antonio Bonfatti.
– ¿Es justo decir que hubo un antecedente clave en los años ’90 para ese cambio de sistema?
– Sin dudas. Hay que reconocer el trabajo de juristas santafesinos como Julio De Olazábal y Jorge Vázquez Rossi por Santa Fe, y Ramón Teodoro Ríos y Víctor Corbalán por Rosario. Ellos impulsaron un nuevo paradigma procesal que sentó las bases del sistema actual.
– La implementación del nuevo sistema en 2014 coincidió con un año récord de homicidios en el departamento La Capital: 155 casos, el 86,2% en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo lo analiza?
– Fue un período de extrema violencia, tanto en Santa Fe como en Rosario. Hoy, los índices han descendido considerablemente. Hay una clara decisión política de sostener un patrullaje preventivo permanente en toda la provincia. Se ha reevaluado el rol de la policía, lo que no sucedía en gestiones anteriores. Los resultados son palpables.
La legislación procesal está en constante evolución. No es un sistema cerrado: se adapta a los cambios sociales. La Justicia es un servicio a la comunidad, orientado a la resolución de conflictos, lo que nos devuelve al objetivo central: la paz social.
– En junio entra en vigencia el nuevo Código Procesal del Menor, mientras que a nivel nacional se discute la baja en la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su posición?
– Personal y profesionalmente, no comparto la idea de que bajar la edad de imputabilidad solucione el problema. Por ejemplo: si un chico de 14 años comete un homicidio, no se resuelve el drama social con solo procesarlo y condenarlo. Hay causas previas que deben ser atendidas.
El nuevo código provincial contempla la actuación sobre los llamados “menores adultos”, es decir, de 16 y 17 años. Los menores de 15 son inimputables y, a partir de los 18, ya son penalmente responsables.
– El 14 de julio comienza formalmente el proceso de reforma constitucional. ¿Qué puede adelantarnos?
– Hace años trabajamos con Danilo Kilibarda, último constituyente vivo de la reforma de 1962, para alcanzar consensos. Recién ahora se logró un acuerdo entre todos los espacios legislativos. La reforma será parcial y abarcará 44 de los 116 artículos de la Constitución.
El proceso durará 60 días, desde el 14 de julio al 14 de septiembre, y podrá extenderse hasta el 15 de octubre. Habrá una etapa reglamentaria, comisiones, dictámenes de mayoría y minoría, y el texto final será elaborado colectivamente.
– ¿La Seguridad Pública como derecho y el Consejo de la Magistratura estarán incluidos en el nuevo texto?
– Sí. La Seguridad Pública debe ser consagrada como un derecho de los ciudadanos y debe figurar en la Constitución, en relación directa con la paz social. En cuanto al Consejo de la Magistratura, creemos que debe consolidarse como órgano institucional consultivo, con reglas claras para la selección de magistrados.
Hoy, el proceso incluye cuatro etapas: antecedentes, oposición, entrevista y psicotécnico. Luego, el gobernador envía la terna a la Legislatura, que presta acuerdo. Es un mecanismo institucional con fuerte impronta política.
– ¿Considera un avance la digitalización judicial?
– Sin dudas. Aporta celeridad y eficiencia en todos los fueros. Un sucesorio que antes llevaba años, hoy puede resolverse en meses. También destaco el rol de la mediación como alternativa efectiva de resolución de conflictos.
– Finalmente, ¿cómo evalúan la situación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y su posible renovación?
– Intentamos iniciar un diálogo con la Corte para impulsar una transformación paulatina. Hubo avances en algunos aspectos y retrocesos en otros. La expectativa es que la nueva Constitución defina expresamente las condiciones de ejercicio y finalización de la carrera judicial, incluso para los miembros de la Corte. Es una discusión que tiene aristas institucionales, pero también humanas, como la extensión de la vida útil en función de la expectativa de vida.
