Una fuerte interna institucional sacude los cimientos del Servicio de Justicia de la provincia de Santa Fe. María Cecilia Vranicich (Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación) y Estrella Jorgelina Moreno Robinson (Defensora General del Ministerio Público de la Defensa) emitieron este miércoles un enérgico comunicado conjunto en el que rechazan de plano lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia santafesina respecto a la reasignación de espacios en el nuevo edificio judicial.
El conflicto escaló tras la publicación de la Acordada Nro. 23 (en sintonía con la Acordada Nro. 4 de febrero de este año), mediante la cual el Máximo Tribunal modificó el destino de áreas clave del inmueble. Según advierten las jefas de los Ministerios Públicos, esta decisión “no respeta el marco legal aplicable” ni la Cláusula Décimo Sexta transitoria de la Constitución Provincial Reformada. Dicha norma constitucional prohíbe explícitamente alterar el destino o uso de los inmuebles afectados al MPA y al Servicio de Defensa sin su previa conformidad , un requisito que —aseguran— jamás fue solicitado.
Espacios ya asignados y fondos con destino específico
En el centro de la disputa se encuentra un esquema de distribución edilicia que ya había sido formalizado por la propia Secretaría de Gobierno de la Corte en el año 2021. En aquel acuerdo, se determinó que el primer piso (1.030 metros cuadrados) correspondería a la Defensa, mientras que el cuarto, quinto piso y parte del subsuelo (2.582 metros cuadrados) estarían destinados al MPA.
Además del argumento constitucional, Vranicich y Moreno Robinson recordaron que la obra fue financiada mediante un crédito internacional habilitado por la Ley N.º 13.543 del año 2016. En su anexo único, la ley dejaba en claro de forma “contundente” que el destino de los fondos públicos era exclusivamente la construcción de un “Centro de Justicia Penal de Santa Fe” , un fin que, remarcan, “no puede ser alterado”.
Reserva de acciones legales y un llamado al diálogo que no llega
El texto del comunicado combina la advertencia legal con la vía diplomática. Por un lado, las funcionarias advierten que, como órganos autónomos e independientes, continuarán exigiendo el cumplimiento de la ley “bajo las responsabilidades funcionales que correspondan”, haciendo expresa reserva de iniciar acciones legales.
Por el otro, reiteraron su predisposición al diálogo, poniendo en evidencia que el pasado 1° de abril presentaron una nota conjunta ante la Corte Suprema para abordar la situación, la cual, a casi tres meses, “aún no ha recibido ninguna respuesta”.
El objetivo final de los Ministerios Públicos, según concluye el documento, es defender un modelo institucional donde la capital provincial cuente con un Centro de Justicia Penal que albergue de forma integrada a sus tres pilares esenciales: fiscales, defensores y jueces penales. Esto, sostienen, resulta indispensable para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio por el que la provincia viene transitando históricamente.
