El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, cuestionó la distribución de los subsidios nacionales al transporte público y advirtió que los municipios del interior enfrentan cada vez mayores dificultades para sostener el servicio de colectivos. En ese contexto, no descartó avanzar con una presentación judicial para reclamar un reparto más equitativo de los recursos.
El planteo surgió en el marco de una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFIN), que reúne a mandatarios locales de distintas provincias y busca coordinar reclamos ante el Gobierno nacional.
Poletti sostuvo que, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa recibiendo asistencia económica para el transporte, las ciudades del interior deben afrontar gran parte de los costos con recursos municipales y provinciales.
“Uno puede respetar que el Presidente fue votado y dijo que iba a sacar los subsidios, pero lo cumplió solamente para el interior”, cuestionó el mandatario local.
Advierten que el sistema de transporte puede entrar en crisis
El intendente explicó que actualmente el único aporte nacional que recibe el transporte del interior está vinculado con los atributos sociales de la tarjeta SUBE, cuyos montos, según indicó, permanecen congelados desde junio.
Esta situación contrasta con el incremento constante de los costos operativos del servicio, principalmente por las actualizaciones salariales y el aumento del combustible.
Además, Poletti cuestionó que el Gobierno nacional continúe recaudando el impuesto a los combustibles mientras se reducen los recursos destinados a los sistemas de transporte de las ciudades del interior.
En Santa Fe, el servicio urbano se sostiene mediante aportes municipales, asistencia provincial vinculada al Boleto Educativo Gratuito y los beneficios sociales financiados por Nación.
“El sistema en algún momento se rompe y esto es lo que no queremos”, advirtió el intendente al referirse a las dificultades económicas que atraviesa el transporte público.
Los intendentes analizan llevar el reclamo a la Justicia
Frente a este escenario, los integrantes del Consejo Federal de Intendentes comenzaron a evaluar distintas herramientas legales para reclamar una distribución más equitativa de los subsidios.
Poletti confirmó que la posibilidad de judicializar el conflicto está sobre la mesa, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.
En el caso de Santa Fe, explicó que el municipio enfrenta una dificultad jurídica particular: antes de la eliminación de los subsidios nacionales, en febrero de 2024, los fondos eran transferidos directamente a las empresas de transporte a través del Gobierno provincial.
Por ese motivo, los equipos legales analizan de qué manera los municipios podrían realizar una presentación judicial en defensa de la continuidad del servicio o de los derechos de los usuarios.
“No se descarta”, respondió Poletti al ser consultado sobre la posibilidad de acudir a la Justicia.
Santa Fe destina hasta $500 millones mensuales para sostener los colectivos
El intendente también detalló el esfuerzo económico que realiza la Municipalidad para garantizar el funcionamiento del transporte urbano.
Desde la eliminación de los subsidios nacionales, el Ejecutivo local comenzó a destinar fondos propios que, en distintos períodos, oscilaron entre 300 y 500 millones de pesos mensuales.
Lo que inicialmente se planteó como una asistencia extraordinaria terminó convirtiéndose en una herramienta necesaria para evitar mayores dificultades en la prestación del servicio.
En paralelo, el municipio avanza con un esquema de financiamiento que contempla la incorporación de recursos del Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) a un Fondo Solidario de Movilidad.
La iniciativa busca que parte de la recaudación por estacionamiento contribuya al sostenimiento del transporte público, reduciendo la necesidad de utilizar recursos generales de la administración municipal.
Poletti propuso priorizar los subsidios para quienes más los necesitan
En medio de la discusión por el financiamiento, el intendente también planteó la necesidad de revisar los criterios de asignación de los subsidios.
Según explicó, la asistencia estatal debería estar dirigida principalmente a los pasajeros que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales y que tienen dificultades para afrontar el costo del boleto.
“Tenemos que subsidiar al que no puede pagar el boleto”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó a trabajadores de la salud que necesitan utilizar varios colectivos diariamente para trasladarse a sus lugares de trabajo.
De esta manera, Poletti insistió en la necesidad de avanzar hacia un sistema de financiamiento más equitativo, que permita garantizar la continuidad del transporte público sin trasladar permanentemente los incrementos de costos a los usuarios y a los municipios.
