El proyecto de reformas en materia de seguridad pública impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro continúa generando repercusiones en el ámbito político santafesino. Mientras desde el oficialismo destacan que las medidas fortalecerán las herramientas del Estado contra el delito, sectores opositores advierten sobre un endurecimiento excesivo de las políticas de seguridad.
Las distintas posiciones quedaron reflejadas en declaraciones públicas de dos diputados provinciales: por un lado, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, Martín Rosúa; y por el otro, el legislador opositor Carlos Del Frade.
Rosúa respaldó el paquete de once reformas presentado por el Ejecutivo provincial y consideró que se trata de una respuesta necesaria frente a la situación de inseguridad que atravesaba Santa Fe.
“Había una crisis de seguridad tremenda. El Estado ahora se pone en el centro de la escena y desde la Legislatura le dimos un impulso jurídico que llevó mucho debate”, sostuvo el legislador oficialista.
Además, señaló que las modificaciones permitirán “ajustar el proceso de persecución para quienes delinquen” y brindar más herramientas a fiscales, jueces e investigadores. También destacó el equipamiento tecnológico incorporado para patrulleros y fuerzas policiales, así como las medidas destinadas a endurecer las penas para quienes cometen delitos desde las cárceles.
Según Rosúa, el conjunto de iniciativas promovidas por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni apunta a “actuar más rápido, investigar mejor y prevenir delitos”.
En contraposición, Del Frade cuestionó duramente el contenido de la reforma y sostuvo que responde a una lógica de “mano dura”.
“Santa Fe avanza hacia un Estado casi fascista”, afirmó el diputado opositor, quien además consideró que las medidas están vinculadas a “resultados de encuestas” y a demandas sociales de mayor castigo.
El legislador también criticó el fortalecimiento de las facultades policiales y aseguró que “la entidad policial está corrupta”, por lo que, a su entender, otorgarle más poder “no le hace bien a la democracia santafesina”.
Entre los principales puntos incluidos en la reforma se encuentran la restitución de la declaración informativa durante las primeras etapas de una investigación penal, la eliminación de la presencia obligatoria del defensor durante la declaración del imputado y la ampliación del juicio penal en rebeldía.
Además, el proyecto prevé flexibilizar criterios de admisión de pruebas, habilitar allanamientos sin orden judicial previa en casos de secuestro de armas en la vía pública y permitir a la Fiscalía ordenar el derribo de inmuebles vinculados al microtráfico.
La iniciativa también incorpora medidas coercitivas mediante decreto fiscal y procedimientos simplificados para delitos de menor gravedad.
El paquete de reformas deberá ahora avanzar en la Legislatura provincial, en medio de un debate que expone diferencias de fondo sobre el rumbo de las políticas de seguridad en Santa Fe.
