El canciller Pablo Quirno aseguró que el principal objetivo del Gobierno en relación con las Islas Malvinas es evitar que avance la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. El funcionario explicó que la estrategia oficial combina medidas diplomáticas, sanciones económicas y un refuerzo de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.
En declaraciones televisivas, Quirno sostuvo que el Gobierno aceleró sus gestiones después de que las petroleras Navitas y Rockhopper anunciaran en diciembre su decisión final de inversión para avanzar con el proyecto hidrocarburífero. A partir de entonces, la Argentina envió notas de protesta a las compañías y a los embajadores de Israel y del Reino Unido.
“El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”, afirmó el canciller al ser consultado sobre el objetivo de las medidas impulsadas por el Gobierno.
Más empresas bajo la lupa
Quirno explicó que uno de los ejes de la nueva estrategia consiste en ampliar el alcance de las sanciones previstas por la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Según el funcionario, la intención es que las medidas no alcancen solamente a las empresas que participan directamente de la extracción, sino también a otros actores vinculados con la actividad. Entre ellos mencionó a compañías de servicios petroleros, entidades financieras, aseguradoras y proveedores.
“Estamos aumentando las penas, pero sobre todo agrandando el espectro de empresas a ser sancionadas”, sostuvo.
El canciller consideró que la situación actual de la Argentina, especialmente por el desarrollo de Vaca Muerta, permite ejercer una mayor presión sobre las compañías internacionales. En ese sentido, señaló que las empresas deberán evaluar las consecuencias de operar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas mientras mantienen actividades en el territorio argentino.
Una estrategia que combina diplomacia y defensa
Quirno remarcó que las medidas forman parte de una política integral y no de acciones aisladas. En ese esquema incluyó la intervención de la Cancillería en los procesos sancionatorios, las gestiones diplomáticas y la reasignación de recursos para una base naval integrada en Ushuaia.
“No hay tiros independientes individuales”, resumió el funcionario para describir el diseño de la estrategia oficial.
La Cancillería será la encargada de iniciar los expedientes sancionatorios vinculados con las actividades alcanzadas por la normativa. Quirno justificó esa decisión al señalar que la cuestión Malvinas constituye, principalmente, un asunto de política exterior.
El proyecto petrolero podría comenzar en los próximos meses
El canciller advirtió que los tiempos para intentar frenar el proyecto son acotados. Según explicó, las actividades hidrocarburíferas podrían comenzar durante los próximos meses, por lo que el Gobierno busca evitar que se concrete esa etapa.
Quirno aseguró además que la posición argentina ya generó contactos con empresas que desarrollan actividades en el país. Según afirmó, recibió llamados de compañías que le manifestaron su rechazo a participar en operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
El funcionario interpretó esas señales como una muestra de que la Argentina cuenta actualmente con una mayor capacidad para condicionar las decisiones de empresas internacionales a partir del peso de su mercado energético.
El reclamo argentino ante la comunidad internacional
Quirno también defendió la estrategia diplomática del Gobierno y sostuvo que la Argentina espera el respaldo de los países aliados. El argumento oficial se apoya en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas y en el rechazo a decisiones unilaterales mientras permanezca abierta la disputa de soberanía.
“Esperamos que nuestros países amigos y afines apoyen el reconocimiento” de esa posición, afirmó.
El canciller sostuvo que la estrategia argentina responde a una convicción propia y negó que esté condicionada por una potencia extranjera. Al mismo tiempo, vinculó la política exterior con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y cuestionó al kirchnerismo por el estado en el que, según su evaluación, quedaron las capacidades militares del país.
Desde la perspectiva del Gobierno, el refuerzo de la infraestructura naval en Ushuaia y las medidas contra las empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas forman parte de una misma política para fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur.
