Este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que reemplaza al sistema vigente desde 1980. La principal modificación es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque la reforma también incorpora nuevas modalidades de sanción, mecanismos de seguimiento y cambios en las condiciones de privación de la libertad.
La puesta en marcha del nuevo régimen genera expectativas, pero también preocupación entre operadores judiciales. Algunos juzgados especializados advierten que el cambio podría provocar un fuerte incremento en la cantidad de expedientes, sin que hasta el momento estén garantizados todos los recursos necesarios para atender la mayor demanda.
La edad de imputabilidad baja a 14 años
A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial y eventualmente recibir una condena.
La privación de la libertad no será automática. El nuevo régimen establece distintas alternativas de sanción y fija que las penas privativas de la libertad tendrán un máximo de 15 años. Además, se prohíben las penas de prisión o reclusión perpetua.
El objetivo declarado por la ley es que la intervención penal contribuya a que el adolescente asuma responsabilidad por sus actos y avance en procesos de educación, resocialización e integración social.
Al igual que bajo el régimen anterior, se mantiene la protección de la identidad de los menores. No podrán difundirse sus nombres, apodos, datos familiares o de residencia ni imágenes que permitan identificarlos.
Penas alternativas y monitoreo electrónico
Uno de los cambios centrales es la incorporación de penas alternativas a la prisión para determinados casos. Entre ellas se encuentran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado a la víctima, reglas de conducta y la participación en actividades educativas o comunitarias.
También se contempla la amonestación, que consiste en un llamado de atención y recomendaciones sobre la conducta del adolescente, y que deberá combinarse con alguna de las demás sanciones previstas.
La ley incorpora además el monitoreo electrónico, mediante dispositivos que permitan registrar la ubicación del adolescente para controlar el cumplimiento de una pena o como parte de la propia sanción.
Estas alternativas podrán aplicarse en determinados delitos cuando no haya existido muerte de la víctima, violencia física o psíquica grave y el adolescente no tenga condenas anteriores ni otros procesos firmes en trámite.
La normativa establece, además, que las sanciones no deberían impedir los vínculos afectivos ni el acceso a la educación, el trabajo o la salud, salvo que exista una razón vinculada con la protección de la víctima. Si el adolescente incumple las condiciones impuestas, el juez podrá disponer una sanción más severa.
Un supervisor para los adolescentes con penas alternativas
Otra de las novedades es la creación de la figura del supervisor, que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes que reciban penas alternativas.
La persona deberá ser designada a partir de una lista de profesionales del Ministerio de Justicia y contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
En cuanto a los casos que impliquen privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en institutos especializados y separados de las personas adultas. También se contempla la posibilidad de cumplir determinadas medidas bajo arresto domiciliario.
La ley prevé una asignación de $23.739 millones para la implementación del nuevo régimen.
La Justicia advierte por el impacto del nuevo sistema
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la capacidad del sistema judicial para absorber el aumento de causas.
El abogado y docente universitario Federico Adler, exsecretario de un juzgado de Garantías Juvenil de Mar del Plata y coautor del Régimen de Ejecución bonaerense, consideró que el escenario es complejo debido a la ampliación de la intervención penal sobre adolescentes.
Según explicó, la nueva normativa incorpora al sistema conductas que hasta ahora quedaban fuera de la persecución penal juvenil, incluidos delitos con penas de hasta tres años o sancionados con multas. Esto, advirtió, implicará más expedientes y una mayor demanda de recursos humanos.
En algunos juzgados incluso estiman que la cantidad de causas podría llegar a duplicarse, situación que fue definida como un posible “tsunami” para el fuero.
Adler también cuestionó la capacidad actual de los institutos de menores para recibir a una eventual mayor cantidad de adolescentes privados de la libertad y planteó dudas sobre la disponibilidad de dispositivos de monitoreo electrónico y de los supervisores previstos por la nueva ley.
Diferencias entre la ley nacional y las normas provinciales
Otro de los desafíos estará en la articulación entre la nueva normativa nacional y los sistemas procesales que ya funcionan en las provincias y en la Justicia Nacional.
En este último ámbito, por ejemplo, continúa vigente el Código Procesal Penal de la Nación, que fue diseñado bajo el régimen anterior. Uno de los puntos que genera interrogantes es el de la prisión preventiva, ya que la nueva ley regula expresamente su aplicación a adolescentes mientras que el código procesal vigente contiene disposiciones específicas para menores de 18 años.
También preocupa la falta de un protocolo unificado que establezca cómo deberán actuar los jueces frente a las nuevas disposiciones. La ausencia de criterios comunes podría generar diferencias en la aplicación del régimen.
En la Ciudad de Buenos Aires funcionan actualmente siete juzgados y tres tribunales orales para atender las causas de menores. Según datos citados en el ámbito judicial, cada tribunal tramita alrededor de 2.200 expedientes y recibe unas 450 causas nuevas por año.
Las provincias comienzan a adaptar sus sistemas
Mientras se acerca la entrada en vigencia, distintas provincias avanzan en la adecuación de sus sistemas de Justicia juvenil.
Entre Ríos ya emitió un protocolo destinado a sus fiscales, mientras que en Neuquén funciona una mesa interinstitucional que trabaja en un anteproyecto. Córdoba avanza en una reforma de su legislación procesal juvenil y también existen proyectos de adecuación en Tucumán y Mendoza.
En paralelo, representantes del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal trabajan en comisiones técnicas para intentar unificar criterios de aplicación del nuevo régimen.
Así, el principal desafío a partir del 5 de septiembre será llevar a la práctica una reforma que amplía considerablemente la intervención del sistema penal sobre adolescentes, pero que requiere nuevos recursos, establecimientos especializados, dispositivos de monitoreo y profesionales capacitados para cumplir con los objetivos que establece la propia ley.
