La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados llevó adelante hoy la segunda jornada de debate en torno a la nueva Ley de Alquileres que se trataría a principios de mayo.
Desde las 13:30 representantes de inquilinos y de inmobiliarias retomaron sus exposiciones sobre la situación actual y sobre los cambios que habría que introducir en materia de alquileres.
En la primera jornada, las voces de los inquilinos se manifestaron a favor de la norma y alertaron que no se cumple correctamente, mientras que los representantes de propietarios e inmobiliarias hicieron foco sobre los dos puntos más cuestionados: la extensión de los contratos y el índice que se utiliza para los ajustes anuales.
En esta ocasión fueron convocados 30 expositores de ambos sectores, quienes ratificaron lo que habían planteado sus pares que participaron en el primer debate. Formaron parte inquilinos y representantes de colegios inmobiliarios y martilleros de distintas provincias del país.
Federico Prior, de Inquilinos Agrupados de Neuquén, se quejó de los "contratos cortos y en dólares que expulsan a la familias inquilinas" y remarcó que "el único garante de poder equilibrar una relación asimétrica es el Estado".
"Entonces planteamos que la ley de alquileres que sea un piso para un mercado totalmente desregulado, porque elude la ley permanentemente y tenemos estos contratos cortos con aumentos siderales que genera una situación grave. Sería grave volver a los dos años de contrato, porque tres da más tranquilidad a los inquilinos", agregó.
Por su parte, la docente de planificación urbana Laura Ceroli propuso "introducir el acceso a la vivienda posicionando el alquiler con una alternativa válida; establecer una regulación en el monto inicial teniendo en cuenta población, objetivo y ubicación y mantener el plazo mínimo de tres años para disminuir los costos de renovación".
También pidió "implementar la inscripción de los contratos en AFIP y mantener su registro; reemplazar el índice de actual por uno mas representativo que abarque a toda la población de inquilinos como el salario mínimo, vital y móvil y penalizar a propietarios que tengan una vivienda ociosa con volcarlas al mercado de alquiler".
Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que existe "una baja en la oferta de propiedades y un incremento de demanda", y agregó: "No tenemos transferencia de inquilinos a propietarios, como en cualquier país serio, porque no hay créditos hipotecarios, entonces se genera una situación de inquilinos para toda la vida, y eso genera más demanda".
Andrés Gariboldi, en representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, quien opinó que "la reforma de la Ley de Alquileres no soluciona en forma integral la problemática de la vivienda en nuestro país", pero hay que "poner en marcha medidas de corto plazo".
En ese sentido, pidió la "reducción del plazo del contrato de 36 a 24 meses" y "un escalonamiento dentro de las locaciones; no hay ningún producto ni ningún servicio en la República Argentina que se actualice una sola vez al año".
Entre otros puntos, habló de "incentivos para que haya inversiones en inmuebles para que ingresen al mercado locativo", que podrían ser beneficios sobre el impuesto a los Bienes Personales o "un blanqueo de capitales por el término de 180 días".
La discusión en torno a la Ley 27.551 continuará este miércoles, mientras que se espera que la semana próxima -los días 26 y 27- los diputados se aboquen al debate de la letra de los proyectos, con el objetivo de alcanzar dictamen único.
No será una tarea fácil, ya que hay muchos proyectos en danza y lo que proponen en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos tiene diferencias sustanciales.
Los principales puntos de estudio son el lapso de los contratos de alquiler, actualmente fijado por ley en tres años, y el tiempo entre un ajuste y otro, algo que, según la norma vigente, se hace cada doce meses.
Para el oficialismo, el período de tres años es indistinto, lo mismo que el de ajuste. Además, entre los proyectos presentados por el Frente de Todos aparece un impuesto a la vivienda ociosa y beneficios para quienes ponen propiedades para alquiler.
Juntos por el Cambio, en tanto, propone bajar de tres a dos el tiempo de los contratos, para volver a lo que se estipulaba antes de la ley que comenzó a regir en junio de 2020. A la vez, la oposición reclama que el período entre un ajuste y otro sea de seis meses o un período menor a un año.
Fuente: NA
