El Gobierno de la provincia de Santa Fe ha decidido pasar a la ofensiva legal y financiera frente al fenómeno de las amenazas en los establecimientos educativos. En una conferencia de prensa encabezada por los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y de Educación, José Goity, las autoridades enviaron un mensaje drástico: las intimidaciones públicas no solo serán castigadas con el Código Penal, sino que también golpearán directamente el bolsillo de los responsables.
El costo de la “broma”: una factura millonaria
La decisión más contundente anunciada por el Ejecutivo provincial es la de reclamar un resarcimiento económico por los gastos operativos que genera cada amenaza. Según detalló Cococcioni, por instrucción directa del gobernador Maximiliano Pullaro, la provincia avanzará judicialmente para cobrar los costos derivados de los despliegues de seguridad.
“Cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, sentenció el titular de Seguridad.
La medida busca mitigar el desvío de recursos policiales y técnicos que, ante estas falsas alarmas, dejan de patrullar las calles para atender incidentes que muchas veces se originan en desafíos virales o conductas irresponsables.
La magnitud del problema quedó expuesta con una cifra alarmante: hasta el pasado viernes se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas de toda la provincia. Este pico de actividad activó protocolos que incluyen la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el secuestro de dispositivos electrónicos.
Cococcioni advirtió que, aunque los menores puedan ser no punibles por su edad, las actuaciones generan antecedentes que podrían impedir la obtención de certificados de buena conducta o restringir viajes al exterior en el futuro.
Un llamado a la responsabilidad familiar
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, hizo hincapié en la necesidad de que los hogares se involucren activamente. “Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal”, recordó.
Desde la cartera educativa se instó a los padres a dialogar con sus hijos sobre las consecuencias de estos actos, que ya han sido calificados como “faltas gravísimas” dentro de los acuerdos de convivencia escolar. El objetivo es frenar una tendencia que altera el normal funcionamiento de las clases y genera una angustia social innecesaria.
Finalmente, el Gobierno ratificó que, a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado, no habrá excepciones en la persecución civil para recuperar los fondos públicos malgastados en estos operativos.
